Las últimas horas de esperanza en el juicio Parlacen
Por Rodrigo Baires Quezada
El juicio por el asesinato de tres diputados salvadoreños y su conductor está por culminar después de cinco semanas. Este miércoles se conocerá el veredicto y el futuro de los nueve implicados. La Fiscalía ha pedido penas máximas, confiando en que probó la participación de los acusados, y estos, tras gritos y llantos, esperan que su destino no será la cárcel.
Ciudad de Guatemala. “Es cuestión de horas”, dijo un abogado defensor este martes. En los últimos dos días, en la sala de audiencias número nueve de la torre de tribunales de Guatemala, donde sesiona el tribunal que juzga a los acusados por los asesinatos de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su conductor, la parte acusadora y la defensa de los imputados han hecho su último esfuerzo por ganar el favor de los tres jueces. Cuando el abogado defensor dijo "es cuestión de horas", se refería al momento en que el Tribunal Primero de Alto Riesgo diga su veredicto después de cinco semanas de juicio.
En el otro extremo, en el del Ministerio Público, coincidieron en que ya era cuestión de horas. "Se tienen todos los elementos para que sean encontrados culpables. La deliberación no tardará mucho”, dijo la representación fiscal. Para el Ministerio Público (MP, la Fiscalía guatemalteca), que solicitó el lunes las penas máximas conjuntas de entre 199 y 277 años para los nueve procesados (al ex diputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira se le acusa de autoría intelectual, pero no está en juicio porque está detenido en Estados Unidos), no pasaba de la tarde de este martes para que se conociera un veredicto condenatorio. Pero la jueza presidenta, Yazmín Barrios, dio un receso en la última audiencia al filo de las 10 de la mañana, dejó pendiente a uno de los procesados de decir su petición final al juzgado y dijo que regresarían a la sala a las 8 de la mañana de este miércoles para continuar con el proceso.
"Sigue la espera", dijo el hermano de Linda Aura Castillo de Ayala, la única mujer procesada por el asesinato de los diputados Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, además del conductor Gerardo Ramírez. La noche anterior había abrazado a su hermana y había llorado en su regazo. “Ya falta poco, ya falta poco”, le dijo.
Su padre, tras 12 horas de escuchar las conclusiones finales del MP y los defensores, había hecho un recuento mental de lo que faltaba: la petición final de los acusados, que consiste en unas palabras cortas dirigidas a los jueces antes de que estos se retiraran a debatir sobre las pruebas mostradas y dictaran sentencia. La espera continuaba.
Y la espera ha sido larga también para los parientes de las víctimas. Más de tres años y nueve meses han tenido que esperar desde febrero de 2007, para conocer a qué lado se inclinará la justicia. O, al menos, el caso preparado por el Ministerio Público.
La mañana del lunes ya se sabía que sería un día largo, muy largo. Yasmín Barrios había dado inicio al cierre del juicio adelantando que, como mínimo, se tendría que escuchar durante 10 horas las intervenciones de las partes. El primer turno sería del fiscal del caso, Edwin Elías Marroquín, y él tendría más tiempo para hacerlo. La jueza lo explicó al inicio de la audiencia: la ley guatemalteca da una hora como máximo para que las partes de un juicio den a conocer sus conclusiones finales. Con nueve imputados, que suman 38 delitos, el Ministerio Público disponía de un tiempo “adicional y necesario” para resumir los hechos.
Marroquín tomó la palabra: “Es tesis del Ministerio Público que el relacionado proceso se deriva de que los señores Manuel Castillo Medrano, Roberto Carlos Silva Pereira y Carlos Amílcar Orellana Donnis concertaron, planificaron y coordinaron la acción delictual los días 4 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2006”. Su hipótesis inicial no había cambiado: Una venganza del ex diputado salvadoreño Silva Pereira, en respuesta a que el partido Arena, al que pertenecían las víctimas, había votado para que se le quitara la protección constitucional y la justicia salvadoreña lo investigara por lavado de dinero y corrupción. Pasarían tres horas antes de que Marroquín volviera a guardar silencio.
El fiscal tenía sobre la mesa dos folders amarillos llenos de papeles y marcados con viñetas con nombres. En ellos estaba el resumen completo del caso Parlacen: copias de los testimonios presentados durante las 28 audiencias previas del juicio y resúmenes de los cargos de cada uno de los supuestos participantes en el crimen. Pasaba las páginas saltando de un acusado a otro, leyendo los textos que estaban resaltados con marcador verde y amarillo, haciendo relatos largos y haciendo inflexiones en su voz para hacer énfasis en las principales pruebas que tenía el Ministerio Público.
Marroquín hizo hincapié en los relatos de cuatro testigos protegidos. Los primeros dos, los que involucraban a Silva Pereira y Castillo Medrano en la planificación del hecho. El primero, a petición de la representación fiscal, el guatemalteco Ramiro Antonio de León López, alguien que aseguraba ser ex empleado de Silva Pereira y que estuvo en reuniones en El Salvador en las que se planificó el asesinato de Eduardo d’Aubuisson. En las reuniones también estuvo, según la acusación, Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejazo.
El segundo testigo es un salvadoreño que goza de régimen de protección en El Salvador a petición de la Fiscalía salvadoreña. Había sido ubicado por una unidad fiscal y puesto a disposición de la unidad especial de Crimen Organizado. Tras una entrevista y corroborar la información posible (direcciones, nombres de personas, etcétera), la Fiscalía decidió que podía ser una pieza importante en el caso, le otorgó protección y lo puso a disposición del MP de Guatemala. Su nombre clave: Fredys.
El pasado 22 de noviembre, Fredys testificó que estuvo en dos reuniones, una el 29 enero y otra el 1 febrero de 2007, frente al hotel El Centenario, en Jalpatagua, Guatemala. A ellas asistieron Orellana Donis, Silva Pereira y Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo (Montaña 3); le propusieron darle seguimiento desde la frontera de Las Chinamas al vehículo en el que iría D’Aubuisson para brindar información a quienes lo matarían. Él se negó a hacerlo.
Frente al fiscal, en una celda de rejas cruzadas y vidrio, Orellana Donis y Castillo Medrano apenas se inmutaron cuando escucharon los relatos. Su posición no había cambiado desde el inicio de la etapa de audiencias, el 21 de octubre pasado: jamás viajaron a El Salvador, nunca ocurrieron esas reuniones y aportaron lo que a su juicio eran pruebas de descargo. “Los testigos mienten... han contado una historia fabricada por el MP”, dirían sus abogados.
La defensa de ambos siempre sostuvo que el cuádruple asesinato fue perpetrado desde una estructura paralela del sistema de seguridad pública guatemalteco. Una estructura organizada desde el Ministerio de Gobernación y que tocaba a todos los altos mandos de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Así lo dijo el ex diputado Castillo Medrano cuando se sentó frente a la jueza a rendir declaración; así lo repetiría a gritos este martes, el único día que perdió la calma tras 39 días de proceso. Antes, se le vio sereno.
El lunes, Manuel Castillo Medrano mantuvo la compostura de un caballero inglés. Vestía de traje oscuro impecable, pelo cepillado hacia atrás, barba recortada y el nudo de su corbata siempre bien hecho al centro de su cuello. Apenas se movía dentro de esa jaula. Lo de él era no hacer ni una sola gesticulación. No lo hizo cuando escuchó las acusaciones que repetía el fiscal Marroquín; mucho menos lo hizo cuando sintió que se acercaron las lentes de los fotógrafos buscando su reacción. En ese momento se congeló y posó: las piernas cruzadas, los brazos sobre ellas y la mirada fija al frente, justo por en medio de las cabezas de la docena de abogados defensores, donde estaba la representación fiscal.
Fuente: El FAro.net
