Demandar a México por masacrar a migrantes inocentes
Por José Manuel Ortiz Benítez
"Estamos evaluando una demanda contra el Gobierno de México. Lo estamos haciendo de manera responsable" dijo Mario Canahuati, Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, el 1 de septiembre de 2010 en un canal de televisión hondureño (Foto Alejandro Poiré, portavoz presidencia de México).
“No pensamos presentar demanda alguna contra el estado mexicano. Sería muy irresponsable de mi parte decir que México es responsable del maltrato que reciben los migrantes” dijo en contraste directo Mauricio Funes Presidente de El Salvador, esa pequeña república migratoria centroamericana que arroja al norte más de 400 migrantes todos los días, más de 150,000 cada año.
Lo dijo delante de la multitud el lunes 6 de septiembre de 2010 en la ciudad de Los Angeles, California, donde vive más de un millón de salvadoreños, muchos de ellos maltratados por México el día de su odisea hacia EE.UU. por ese territorio macabro que asesina y descuartiza a migrantes indocumentados con planificación e impunidad.
La frase de Funes es precisa y es la única parte del discurso en la que se han centrado los medios mexicanos.
Es fácil descontextualizar el discurso de un presidente. Se corta y pega lo que se quiere y el resto se tira al garete.
"Estamos evaluando una demanda contra el Gobierno de México. Lo estamos haciendo de manera responsable" dijo Mario Canahuati, Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, el 1 de septiembre de 2010 en un canal de televisión hondureño (Foto Alejandro Poiré, portavoz presidencia de México).
“No pensamos presentar demanda alguna contra el estado mexicano. Sería muy irresponsable de mi parte decir que México es responsable del maltrato que reciben los migrantes” dijo en contraste directo Mauricio Funes Presidente de El Salvador, esa pequeña república migratoria centroamericana que arroja al norte más de 400 migrantes todos los días, más de 150,000 cada año.
Lo dijo delante de la multitud el lunes 6 de septiembre de 2010 en la ciudad de Los Angeles, California, donde vive más de un millón de salvadoreños, muchos de ellos maltratados por México el día de su odisea hacia EE.UU. por ese territorio macabro que asesina y descuartiza a migrantes indocumentados con planificación e impunidad.
La frase de Funes es precisa y es la única parte del discurso en la que se han centrado los medios mexicanos.
Es fácil descontextualizar el discurso de un presidente. Se corta y pega lo que se quiere y el resto se tira al garete.
“Presidente Funes descarta demanda contra México”, “Funes cree ‘irresponsable’ acusar al Gobierno de México por la matanza de Tamaulipas”, “Funes no demandará a México” son algunos de los grandes titulares producidos por los medios escritos mexicanos.
Es como si las palabras de Funes –de acuerdo a la lectura que hacen los medios mexicanos– quisieran quitarle hierro a la responsabilidad que tiene México, como estado, en las matanzas sumarias de migrantes que se cometen en su territorio, sobre todo, después de que Honduras amagara con una denuncia de estado ante instancias internacionales.
México es tan responsable ante la barbarie como lo es el resto de países emisores, salvo por un insignificante detalle: los países expulsores no secuestran y descuartizan en partes pequeñitas a sus emigrantes, sino que los ahogan en condiciones deplorables hasta que emigran, y, en esa emigración, son diligentemente degollados y despellejados por las mafias mexicanas y centroamericanas en colaboración directa o indirecta con las autoridades del estado mexicano.
Lo último –la colaboración del estado mexicano con las mafias asesinas– es el punto conflictivo que se debe explicar con más claridad que diplomacia.
Un agente de la Aduana Mexicana, por ejemplo, es un representante oficial del aparato del estado, por tanto, sí “un representante oficial del estado” favorece, ayuda o colabora –no de manera aislada, sino de manera reiterada y colectiva– con las mafias mexicanas y centroamericanas en el secuestro y asesinato de migrantes, el problema no sólo es un asunto delictivo abominable de las mafias en la región, sino también un problema mucho más grave de descomposición dentro del estado mexicano, que, como todos sabemos, coopera directa o indirectamente en la cadena de extorsión y matanza de los migrantes centroamericanos.
Luego el estado mexicano, aunque no apriete el gatillo o encienda la sierra eléctrica descuartizadora, sí tiene un compromiso compartido en los secuestros y las matanzas de los migrantes, no lo suficientemente directo como para sostenerse en una corte internacional, pero sí lo suficientemente real como para pedirle más esfuerzo en la lucha contra la barbarie a la que son sometidos miles de migrantes inocentes que sólo intentan cruzar su territorio. También hemos de aclarar que “responsabilidad” no es sinónimo de “culpabilidad”, sino un adeudo serio con la legalidad. Los culpables naturalmente son los asesinos y sobre ellos debe de caer todo el peso de la ley.
No se hace responsable al gobierno de México de asesinato en primer grado, sino de permitir la cooperación reiterada y sistemática de muchos de sus oficiales uniformados con aquellos verdugos que secuestran y asesinan.
“México es la Colombia narcotraficante de los años 80s” ha dicho sin pudor Hillary Clinton, Secretaria de Estado de EE.UU en una entrevista el 7 de septiembre de 2010.
México reconoce este hecho perverso, si no cómo se explica que el gobierno mexicano haya echado a la calle a cerca de 2,700 policías federales y agentes de aduanas –más o menos el 10% de su flota de seguridad y fuerza migratoria– en menos de 48 horas después de la carnicería en Tamaulipas.
En cualquier caso, la pregunta relevante no es si México es responsable o no de lo que ocurre con los migrantes en su territorio. La pregunta es ¿cómo se resuelve o se desminuye la silenciosa tragedia de nuestros migrantes centroamericanos?
La respuesta es que hay una responsabilidad colectiva, más allá de las fronteras, entre los países implicados, es decir, entre los países emisores, los países de tránsito y los países de destino y todos tienen la obligación de cumplir la parte que les corresponde: los países emisores han de hacer un esfuerzo mayor para crear seguridad y oportunidades; los de tránsito, cumplir la ley y los convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos; y los países de destino deben poner sobre la mesa la ayuda económica para el desarrollo y la cooperación y agilizar la burocracia para potenciar la emigración legal.
Los países ricos se quejan de la inmigración ilegal, pero hacen muy poco o nada para abrirle paso a la inmigración legal en los países emisores.
"Es necesario que busquemos un compromiso regional para tratar el tema de nuestros inmigrantes. Nosotros no estamos en la línea de pedir una indemnización al gobierno de México. Nuestro interés es tratar este tema, asumiendo que hay responsabilidades compartidas entre los Estados" dijo el Presidente Funes, pero esta parte del discurso no hizo mucha mella en los medios mexicanos, que estaban más interesados en airar la negativa de cualquier posible demanda contra su país que en la responsabilidad directa o indirecta que tiene el estado mexicano en la masacre de los migrantes mesoamericanos.
¿Se imaginan el revuelo si los masacrados hubieran sido 21 estadounidenses, 13 franceses, 6 británicos, 4 alemanes, 1 italiano y el resto canadienses y austriacos?
Nadie va a demandar a México por nada. Los despellejados fueron ciudadanos de 4ª y 5ª categoría, es decir, los más pobres entre los pobres, cuyo único delito fue haber nacido al sur de la frontera mexicana.
Otros artículos de este autor aquí - José Manuel Ortiz Benítez es editor de Salvadoreños en el Mundo
Es como si las palabras de Funes –de acuerdo a la lectura que hacen los medios mexicanos– quisieran quitarle hierro a la responsabilidad que tiene México, como estado, en las matanzas sumarias de migrantes que se cometen en su territorio, sobre todo, después de que Honduras amagara con una denuncia de estado ante instancias internacionales.
México es tan responsable ante la barbarie como lo es el resto de países emisores, salvo por un insignificante detalle: los países expulsores no secuestran y descuartizan en partes pequeñitas a sus emigrantes, sino que los ahogan en condiciones deplorables hasta que emigran, y, en esa emigración, son diligentemente degollados y despellejados por las mafias mexicanas y centroamericanas en colaboración directa o indirecta con las autoridades del estado mexicano.
Lo último –la colaboración del estado mexicano con las mafias asesinas– es el punto conflictivo que se debe explicar con más claridad que diplomacia.
Un agente de la Aduana Mexicana, por ejemplo, es un representante oficial del aparato del estado, por tanto, sí “un representante oficial del estado” favorece, ayuda o colabora –no de manera aislada, sino de manera reiterada y colectiva– con las mafias mexicanas y centroamericanas en el secuestro y asesinato de migrantes, el problema no sólo es un asunto delictivo abominable de las mafias en la región, sino también un problema mucho más grave de descomposición dentro del estado mexicano, que, como todos sabemos, coopera directa o indirectamente en la cadena de extorsión y matanza de los migrantes centroamericanos.
Luego el estado mexicano, aunque no apriete el gatillo o encienda la sierra eléctrica descuartizadora, sí tiene un compromiso compartido en los secuestros y las matanzas de los migrantes, no lo suficientemente directo como para sostenerse en una corte internacional, pero sí lo suficientemente real como para pedirle más esfuerzo en la lucha contra la barbarie a la que son sometidos miles de migrantes inocentes que sólo intentan cruzar su territorio. También hemos de aclarar que “responsabilidad” no es sinónimo de “culpabilidad”, sino un adeudo serio con la legalidad. Los culpables naturalmente son los asesinos y sobre ellos debe de caer todo el peso de la ley.
No se hace responsable al gobierno de México de asesinato en primer grado, sino de permitir la cooperación reiterada y sistemática de muchos de sus oficiales uniformados con aquellos verdugos que secuestran y asesinan.
“México es la Colombia narcotraficante de los años 80s” ha dicho sin pudor Hillary Clinton, Secretaria de Estado de EE.UU en una entrevista el 7 de septiembre de 2010.
México reconoce este hecho perverso, si no cómo se explica que el gobierno mexicano haya echado a la calle a cerca de 2,700 policías federales y agentes de aduanas –más o menos el 10% de su flota de seguridad y fuerza migratoria– en menos de 48 horas después de la carnicería en Tamaulipas.
En cualquier caso, la pregunta relevante no es si México es responsable o no de lo que ocurre con los migrantes en su territorio. La pregunta es ¿cómo se resuelve o se desminuye la silenciosa tragedia de nuestros migrantes centroamericanos?
La respuesta es que hay una responsabilidad colectiva, más allá de las fronteras, entre los países implicados, es decir, entre los países emisores, los países de tránsito y los países de destino y todos tienen la obligación de cumplir la parte que les corresponde: los países emisores han de hacer un esfuerzo mayor para crear seguridad y oportunidades; los de tránsito, cumplir la ley y los convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos; y los países de destino deben poner sobre la mesa la ayuda económica para el desarrollo y la cooperación y agilizar la burocracia para potenciar la emigración legal.
Los países ricos se quejan de la inmigración ilegal, pero hacen muy poco o nada para abrirle paso a la inmigración legal en los países emisores.
"Es necesario que busquemos un compromiso regional para tratar el tema de nuestros inmigrantes. Nosotros no estamos en la línea de pedir una indemnización al gobierno de México. Nuestro interés es tratar este tema, asumiendo que hay responsabilidades compartidas entre los Estados" dijo el Presidente Funes, pero esta parte del discurso no hizo mucha mella en los medios mexicanos, que estaban más interesados en airar la negativa de cualquier posible demanda contra su país que en la responsabilidad directa o indirecta que tiene el estado mexicano en la masacre de los migrantes mesoamericanos.
¿Se imaginan el revuelo si los masacrados hubieran sido 21 estadounidenses, 13 franceses, 6 británicos, 4 alemanes, 1 italiano y el resto canadienses y austriacos?
Nadie va a demandar a México por nada. Los despellejados fueron ciudadanos de 4ª y 5ª categoría, es decir, los más pobres entre los pobres, cuyo único delito fue haber nacido al sur de la frontera mexicana.
Otros artículos de este autor aquí - José Manuel Ortiz Benítez es editor de Salvadoreños en el Mundo
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Inmigración
Funes no sabe lo que ocurre en la ruta del migrante en suelo mexicano.
ReplyDeleteLo primero que debe hacer Funes es contratar a dos asesores especialistas en masacres y secuestros de migrantes en México y a partir de ahí hacer una política regional con el resto de países centroamericanos.
Mi sugerencia es que contrate a Carlos Martínez y Edu Ponce, los dos periodistas de El Faro que son quienes conocen bien este flagelo mejor que nadie porque han estado ahí mas de un año viviendo el día a dia de las tragedias migratorias en México.
P. Paz
Mexico debe reflexionar sobre sus agentes y hacer lo que haga falta para bajar los niveles de corrupción en sus filas.
ReplyDeleteLos países expulsores deben de hacer un esfuerzo aun mayor, crear trabajos para que la gente no se vaya.
No se puede sostener que México no tenga responsabilidad en este flagelo contra los migrantes.
ReplyDeleteSi México no es responsable nadie es responsable.
Institucionalmente la responsabilidad última es del estado, pero si además hay agentes que pasan información para que los migrantes sean secuestrados entonces la cosa es aun peor.
Funes de saber como funcionan los nexos entre traficantes y las autoridades mexicanas antes de ir defendiendo que Mexico no es responsable.
Por ultimo, los países expulsores son los que empujan a la gente a que sean ajusticiados por esas mafias