Steve Montenegro y la ley de Arizona SB1070

Por José Manuel Ortiz Beniíez

• Además de cualquier otra violación a la ley federal, una persona es culpable de delito de allanamiento en Arizona si la persona cumple las dos condiciones siguientes:

1. Estar en violación de la sección 8 del código 1304 (e) o 1306 (a) de EE.UU. (No llevar documentación del registro que acredite residencia legal o proceso de residencia legal en EE.UU.)


2. Estar presente en suelo, público o privado, en el estado de Arizona.

• Para el cumplimiento de la ley por un funcionario policial o agencia de este estado, condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política del estado de Arizona, donde existan sospechas razonables de que la persona es un extranjero, presente ilegalmente en los Estados Unidos, se hará un intento razonable, cuando sea posible, para determinar el estatus migratorio de la persona. El estado migratorio de la persona (sospechosa) se verificará contra los archivos del gobierno federal de acuerdo a lo dispuesto en el código 1373 (c) de los Estados Unidos.

• Un agente policial, sin orden judicial, puede detener y arrestar a una persona sí el agente tiene una causa probable para creer que la persona ha cometido cualquier delito público penado con la deportación.

• Cualquier persona podrá interponer un recurso ante el tribunal superior de Arizona para impugnar cualquier oficial o agencia de este estado, condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política del estado de Arizona que adopte o implemente una política que limite o restringa la aplicación de las leyes federales de inmigración con menos de todo el peso permitido por la Ley.

Todas los párrafos anteriores son disposiciones literales contenidas en la polémica ley pasada recientemente por el estado de Arizona.

El texto de la ley está lleno de párrafos duros –durísimos– contra la vida de todo aquel inmigrante, honesto o criminal, que se mueva dentro del perímetro del estado de Arizona.

Si un buen agente policial lee bien el texto de la ley y lo aplica a raja tabla, cualquier persona puede ser sospechosa de cualquier cosa. Estar esperando tranquilamente el autobús en una esquina puede genuinamente confundirse con estar esperando la entrega de algún maletín lleno de dinero procedente del blanqueo de dinero. Según dónde y cuándo, ir a depositar las bolsas de plástico en el contenedor de la basura puede ser un movimiento altamente sospechoso por el que uno podría resultar arrestado en Arizona a partir de agosto de 2010. No es una ironía. Es la ley.

Los que impulsan y defienden esta ley dicen estar hartos de ver cómo sus barrios y comunidades se hunden en lo más profundo de la criminalidad, la violencia, la miseria y la degradación colectiva de valores éticos y morales, mientras ellos siguen pagando más y más impuestos. Se lo achacan todo –o casi todo– a la inmigración ilegal. Si esta ley viniera a solventar eficazmente la problemática de la inmigración yo firmaría sin titubear. El problema es que este tipo de leyes simples y duras no resuelve los fenómenos de gran complejidad como es la inmigración (Foto de Steve Montenegro).

Se calcula que en Arizona puede haber una población flotante de entre 450,000 y 600,000 inmigrantes indocumentados, lo que equivale al 8% de la población total del estado. La gran mayoría de inmigrantes indocumentados en Arizona –y en cualquier parte del mundo– son gente desesperada en busca de cualquier medio de supervivencia, incluido, el acto vandálico, que en efecto es practicado por una efímera minoría. Precisamente es esto último lo que la ley de Arizona pretende solventar.

Pero la ley lejos de solventar los problemas de la inmigración, puede agravarlos aun más. No voy entrar en los clásicos argumentos de los derechos de los migrantes, esto ya no funciona en estados como el de Arizona.

Como hemos leído en el texto, la ley potencialmente convierte en sospechosos automáticos al 34% de toda la población asentada en el estado de Arizona declarada “hispana” en el censo oficial de 2000. La sospecha no es precisamente una herramienta eficaz para fomentar la convivencia entre las personas de distintas etnias o razas especialmente en espacios ya de por sí socialmente caldeados como es el estado de Arizona. La aprensión basada en cosas inexactas como la sospecha o la causa razonable es una buena herramienta para armar bronca y disputas entre unos y otros y eso es peligroso.

Los recursos humanos y económicos de un estado son siempre limitados y sí éstos se destinan a combatir frentes estériles como, por ejemplo, verificar el estatus migratorio de cerca de 2.5 millones de hispanos potencialmente sospechosos de haber invadido ilegalmente la frontera de Arizona, esto deja menos recursos disponibles para otros asuntos más relevantes como, por ejemplo, la caza y captura “sobria y centrada” de los violentos, las cúpulas mafiosas y las redes del crimen que operan al interior de Arizona y en la frontera con México que son, en parte, los que mueven la droga y los indocumentados desde México hacia Arizona y al resto de Estados Unidos.

La ley torpemente alienta a los ciudadanos corrientes de Arizona a interpretar su propia versión de los hechos e “interponer recursos” en los tribunales de justicia si sienten en su pecho que las autoridades del estado no están dando el máximo de sí en la lucha contra la inmigración ilegal, algo completamente absurdo porque da rienda suelda al interminable universo de la subjetividad ciudadana en un tema tan sensible como es la inmigración ilegal, lo que provocaría una tremenda pérdida de tiempo, dinero y otros recursos en pleitos inútiles en tribunales de justicia que no resolverían para nada el problema de fondo: la inmigración ilegal y su presunta criminalidad.

La ley irrita profundamente a los gobiernos al sur de la frontera, especialmente a las autoridades mexicanas por razones que no merecen más explicación y sí, como bien dicen los expertos independientes, la inmigración no es un fenómeno local, ni siquiera es regional, sino global, luego la ley, lejos de fomentar esa cooperación necesaria para solventar problemáticas complejas globales, la entorpece, especialmente la cooperación con el gobierno mexicano, un aliado bueno o malo, pero en cualquier caso, un aliado clave en la lucha contra los carteles criminales de la droga y la contención de personas indocumentadas hacia adentro de los EE.UU.

Además de irritar a los gobiernos latinoamericanos, la ley irrita también al propio Washingnton, porque atribuye a un estado funciones federales reservadas al gobierno central. La detención y arresto de las personas que ilegalmente entran en los EE.UU., no es una función estatal -mucho menos municipal- sino federal. El gobierno de Obama ya ha anunciado medidas para evitar la entrada en vigor de la ley por considerarla inconstitucional, no sólo porque viola preceptos federales, sino también por considerarla transgresora de los derechos civiles protegidos en la Constitución. No es normal que en un país que se dice libre y civilizado –Land of the Free, as they say it– se detenga y se arreste a personas por un delito que no ha sido claramente estipulado en la ley. Hay que decir claramente que el texto de la ley aprobada no estipula claramente cuál es el delito cometido. Todo se basa en la sospecha, y por muy “razonable” o “probable” que sea la causa, una sospecha siempre es una sospecha, difusa, inexacta, subjetiva, justificable en prácticamente cualquier situación: un ciudadano mexicano con una mochila negra en una esquina esperando el autobús a media noche para ir a trabajar puede ser sospechoso de cualquier cosa.

La ley no distingue entre buenos y malos, y en ese sentido, como dicen los que la defienden, no discrimina: todos caen en el mismo saco, el gran saco de “pinta sospechosa” que irradian todos los indocumentados. No hay diferenciación alguna entre personas indocumentadas trabajadoras, honestas y obedientes con la ley que, aportan riqueza y valor añadido al desarrollo del Estado de Arizona y aquellos indocumentados que se dedican a delinquir. La ley no tiene piedad, no dispone de una mínima oportunidad de cobijo y dignidad hacia aquellos indocumentados honestos que día a día sudan y lloran bajo la sombra de la clandestinidad para que las familias de Arizona tengan limpieza, infraestructuras, fruta y leche fresca por las mañanas. Es decir, ese medio millón de personas, por muy indocumentadas que sean, realizan una función y esa función suma y crea riqueza en le ecuación global para el estado de Arizona. No tiene sentido castigar y deportar aquellos que trabajan honestamente y crean riqueza para Arizona, simplemente por el mero hecho de encontrarse en situación irregular.

Y como dice el refranero gringo, last but not least, la ley colisiona frontalmente con el espíritu y tradición de los Estados Unidos: un país que se hizo grande gracias al esfuerzo de aquellos buenos inmigrantes, desde los colonos de 1700s hasta las grandes oleadas latinoamericanas de la actualidad. Por supuesto, se ha colado mucha lacra humana en los últimos años y esa es precisamente la parte en la que la ley se debería de enfocar con creatividad y eficacia, en lugar de generalizar la sospecha de entrada ilegal a todo el colectivo inmigrante.

Pero hay otro aspecto de esta áspera ley anti-inmigrante que me gustaría tocar. Por ahí hay un personaje llamado Steve Mountblack (Esteban Montenegro), que es diputado en la asamblea legislativa del estado de Arizona por el partido republicano, que ha pasado a la historia por ser el único hispano que ha votado a favor de esta ley que roza, en fondo y forma, a las entrañables leyes del apartheid de Sudáfrica del siglo pasado.

Esteban Montenegro, no solo votó a favor de la ley, sino que la defiende con uñas y dientes allá por donde va. "Este proyecto de ley no está diciendo a los policías locales que vayan tras los inmigrantes ilegales. Está asegurando que nadie intervenga para que la policía haga su trabajo en la seguridad de los ciudadanos", dice Montenegro en un lenguaje que sólo él entiende.

Hay que diferenciar entre “inmigración” e “inmigración ilegal” razona después más claramente Steve, pero eso es precisamente lo que la ley de Arizona no hace, diferenciar entre el inmigrante honesto y el inmigrante criminal. Todos son criminales porque que todos estan en situación irregular. ¡Qué disparate!

Para Steve Montenegro, todos los 12-13 millones de inmigrantes indocumentados en Estados deben “ponerse en la lista” para ser regularizados, “con métodos legales", como lo hizo él y su familia en su día hace más de dos décadas. El problema es que la ley que él aprobó con su voto la semana pasada en la asamblea de Arizona, lejos de disponer de esa oportunidad hacia la regularización para las personas honestas indocumentadas, no hace ninguna distinción, sino que penaliza colectivamente a toda la población irregular –el 8% de la población de Arizona– y la carga literalmente con el delito de trespassing (allanamiento o intrusión ilegal). Es decir la ley que apoya Steve criminaliza de golpe a medio millón de almas latinoamericanas en busca de pan en Arizona.

“500,000 people are running for their lives” leí una vez en un poster gigante en algún lugar de California, ya no recuerdo dónde. La foto era miserable.

Amigo Steve sí esta ley de Arizona hubiera estado vigente en los años 80s, sus padres habrían sido debidamente deportados a El Salvador, usted nunca habría puesto un pie en los Estados Unidos, el estado de Arizona nunca se habría beneficiado de su brillantez e inteligencia y nosotros los salvadoreños nunca habríamos sufrido una desilusión por parte de uno de los nuestros.

Otros artículos de esta autor aquí - José Manuel Ortiz Benítez es editor de Salvadoreños en el Mundo

Newer Post Older Post