Plan de Seguridad del Gobierno de El Salvador
Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia
Por José Manuel Ortiz Benítez
–General Payes, qué hay de la necesidad de implementar ‘estados de excepción’ en el país para paliar la violencia– sonsacó un impertinente periodista durante el turno de preguntas al Gabinete de Seguridad del Presidente Mauricio Funes reunido ante los medios de comunicación este viernes 19 de febrero de 2010.
–No se lo puedo contestar en este momento, no quiero telegrafiar algunas medidas que se pudieran dar en el futuro– contestó el general David Munguía Payés, Ministro de Defensa.
–Por el momento ninguna de las recomendaciones que se han hecho están descartadas; en la medida en que desarrollemos el Plan lo iremos evaluando– continuó Payés, en un lenguaje impenetrable.
Por José Manuel Ortiz Benítez
–General Payes, qué hay de la necesidad de implementar ‘estados de excepción’ en el país para paliar la violencia– sonsacó un impertinente periodista durante el turno de preguntas al Gabinete de Seguridad del Presidente Mauricio Funes reunido ante los medios de comunicación este viernes 19 de febrero de 2010.
–No se lo puedo contestar en este momento, no quiero telegrafiar algunas medidas que se pudieran dar en el futuro– contestó el general David Munguía Payés, Ministro de Defensa.
–Por el momento ninguna de las recomendaciones que se han hecho están descartadas; en la medida en que desarrollemos el Plan lo iremos evaluando– continuó Payés, en un lenguaje impenetrable.
“Se impulsará una acción anticorrupción al interior de los Centros Penales y de la Policía Nacional Civil” dijo, por su parte, el Ministro de Seguridad, Manuel Melgar, sin desvelar ninguna acción concreta del susodicho plan anticorrupción.
Por ahí también andaba –un tanto desorientada– la Directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos, quien aportó una frase reveladora sobre la marcha: “Le hemos pedido al presidente que defina la ubicación (del Consejo Nacional de Seguridad Pública), porque si no va a ser un ente asesor, tiene que ser ejecutor, entonces estamos esperando que él lo defina”.
El director de orquesta y padre de la criatura, Franzi Hato Hasbún, antes del turno de los periodistas, había informado que, por mandato presidencial, se había estado trabajando arduamente con destacados expertos en la elaboración de una compleja estrategia de combate contra el crimen –que no es más que un refrito de lo mismo– para el que abogó, de todas formas, un voto de confianza.
Hasta aquí las críticas de algunos medios de comunicación.
En el fondo, se trata de un Plan que contiene 21 grandes ejes estratégicos y 102 actuaciones concretas, de las cuales muchas no se pueden evaluar porque son de carácter secreto. El presupuesto del Plan se ha estimado sobre los $70 millones, $25 millones más de lo previsto inicialmente. El gobierno dispone, a fecha de hoy, de unos $40 millones, el resto vendrá de deuda pública, ayuda internacional y/o préstamos.
Hay que decir, que actualmente se cuenta más o menos con 15,000 policías y 7,000 soldados contra unos 60,000 hábiles mareros sueltos en la calle y otros 10,000 que se encuentran en prisión, sin contar el resto de criminales, malhechores comunes y narcotraficantes. Las maras, las fuerzas del crimen y el narcotráfico han formado un frente común y se han infiltrado en distintas instituciones del estado desde donde ordenan asesinatos, violaciones y extorsiones, con un resultado macabro de 13 homicidios cada día, según el último balance oficial de Medicina Legal. La mitad del país vive bajo la sombra de la muerte y la otra mitad está permanentemente extorsionada.
Lo más destacable de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia del Presidente Funes es, por su posible incidencia inmediata en las tasas de homicidios y por tanto en la preservación de vidas humanas, la represión y control del delito, que se combatirá en dos teatros específicos: la red de centros penales y los 100 rincones más violentos del país.
Se desconocen las acciones concretas que se llevarán a cabo en los centros penales. Los asesores y los políticos consideran que esta información debe mantenerse en secreto. La línea general, sin embargo, será la intervención de las comunicaciones y la lucha frontal contra la corrupción de los carcelarios y los agentes de seguridad, algo que el ministro Melgar ha denominado como la era de la “Corrupción Cero”.
Para la lucha en la calle y en las 100 comunidades más violentas del país, el Plan prevé acuartelamientos especiales de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), la modernización del Sistema de Emergencias 911, la renovación de los aparatos de comunicación que utilisan las fuerzas de seguridad y la transferencia de armas automáticas, aeronaves y entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas a los agentes de la PNC.
No se puede vaciar todo “el presupuesto de la nación en seguridad” dijo el Presidente Funes, pero esta simbólica cantidad de $70 millones de dólares bien gestionada bajo esta nueva directiva de seguridad, en la que se anuncia a bombo y platillo “Corrupción Cero”, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de los ciudadanos de una nación que atraviesa, como dijo la Conferencia Episcopal de El Salvador, por una “gravísima epidemia de violencia, que nos recuerda los peores tiempos de la Biblia”.
El Plan es buen comienzo en donde buena parte de la sociedad salvadoreña ha participado. En cuanto a los resultados, todos esperamos lo mejor. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad del gobierno no ha querido comprometerse a la hora de establecer plazos en la reducción de homicidios y mejora de los niveles de violencia o a desvelar cuáles son los parámetros técnicos para la medición y cuantificación de los objetivos concretos marcados en el nuevo Plan. Es decir, los resultados que se esperan de este Plan parece ser información clasificada, aun así el Plan cuenta con un apoyo mayoritario por parte de los ciudadanos, también el de nosotros, los críticos.
Otros artículos de este autor Aquí - José Manuel Ortiz Benítez es editor de Salvadoreños en el Mundo
Por ahí también andaba –un tanto desorientada– la Directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos, quien aportó una frase reveladora sobre la marcha: “Le hemos pedido al presidente que defina la ubicación (del Consejo Nacional de Seguridad Pública), porque si no va a ser un ente asesor, tiene que ser ejecutor, entonces estamos esperando que él lo defina”.
El director de orquesta y padre de la criatura, Franzi Hato Hasbún, antes del turno de los periodistas, había informado que, por mandato presidencial, se había estado trabajando arduamente con destacados expertos en la elaboración de una compleja estrategia de combate contra el crimen –que no es más que un refrito de lo mismo– para el que abogó, de todas formas, un voto de confianza.
Hasta aquí las críticas de algunos medios de comunicación.
En el fondo, se trata de un Plan que contiene 21 grandes ejes estratégicos y 102 actuaciones concretas, de las cuales muchas no se pueden evaluar porque son de carácter secreto. El presupuesto del Plan se ha estimado sobre los $70 millones, $25 millones más de lo previsto inicialmente. El gobierno dispone, a fecha de hoy, de unos $40 millones, el resto vendrá de deuda pública, ayuda internacional y/o préstamos.
Hay que decir, que actualmente se cuenta más o menos con 15,000 policías y 7,000 soldados contra unos 60,000 hábiles mareros sueltos en la calle y otros 10,000 que se encuentran en prisión, sin contar el resto de criminales, malhechores comunes y narcotraficantes. Las maras, las fuerzas del crimen y el narcotráfico han formado un frente común y se han infiltrado en distintas instituciones del estado desde donde ordenan asesinatos, violaciones y extorsiones, con un resultado macabro de 13 homicidios cada día, según el último balance oficial de Medicina Legal. La mitad del país vive bajo la sombra de la muerte y la otra mitad está permanentemente extorsionada.
Lo más destacable de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia del Presidente Funes es, por su posible incidencia inmediata en las tasas de homicidios y por tanto en la preservación de vidas humanas, la represión y control del delito, que se combatirá en dos teatros específicos: la red de centros penales y los 100 rincones más violentos del país.
Se desconocen las acciones concretas que se llevarán a cabo en los centros penales. Los asesores y los políticos consideran que esta información debe mantenerse en secreto. La línea general, sin embargo, será la intervención de las comunicaciones y la lucha frontal contra la corrupción de los carcelarios y los agentes de seguridad, algo que el ministro Melgar ha denominado como la era de la “Corrupción Cero”.
Para la lucha en la calle y en las 100 comunidades más violentas del país, el Plan prevé acuartelamientos especiales de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), la modernización del Sistema de Emergencias 911, la renovación de los aparatos de comunicación que utilisan las fuerzas de seguridad y la transferencia de armas automáticas, aeronaves y entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas a los agentes de la PNC.
No se puede vaciar todo “el presupuesto de la nación en seguridad” dijo el Presidente Funes, pero esta simbólica cantidad de $70 millones de dólares bien gestionada bajo esta nueva directiva de seguridad, en la que se anuncia a bombo y platillo “Corrupción Cero”, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de los ciudadanos de una nación que atraviesa, como dijo la Conferencia Episcopal de El Salvador, por una “gravísima epidemia de violencia, que nos recuerda los peores tiempos de la Biblia”.
El Plan es buen comienzo en donde buena parte de la sociedad salvadoreña ha participado. En cuanto a los resultados, todos esperamos lo mejor. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad del gobierno no ha querido comprometerse a la hora de establecer plazos en la reducción de homicidios y mejora de los niveles de violencia o a desvelar cuáles son los parámetros técnicos para la medición y cuantificación de los objetivos concretos marcados en el nuevo Plan. Es decir, los resultados que se esperan de este Plan parece ser información clasificada, aun así el Plan cuenta con un apoyo mayoritario por parte de los ciudadanos, también el de nosotros, los críticos.
Otros artículos de este autor Aquí - José Manuel Ortiz Benítez es editor de Salvadoreños en el Mundo
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Violencia
El esfuerzo es bueno, pero como debemos evaluar si el plan esta funcionando o no??
ReplyDeleteLa voluntad del nuevo gobierno por hacer un trabajo distinto a las anteriores administraciones es notorio.
ReplyDeletePropiciar un dialogo con casi todos los sectores de la poblacion para afinar la estrategia de seguridad publica merece aplausos.
La infiltracion de mafias narcotraficantes en agencias gubernamentales es un problema serio hasta en paises desarrollados. No esperemos milagros en El Salvador dentro de este nuevo plan.
Tomara decadas para que estos jovenes se vayan incorporando a la sociedad, y mejor aun, para que no continuen incorporandose a las pandillas (maras). Se tendra que ofrecer buenas oportunidades a ellos (los potenciales mareros) desde antes de haber sido concebidos. Eso significa justicia social para sus progenitores.
Hay mucho camino por recorrer y el nuevo gobierno lo ha iniciado.
El problema con todo esto es que a los partidos opuestos les beneficia que el gobierno del FMLN/Funes se vea como ineficiente o inepto ante la violencia y corrupcion del pais. Por eso haran todo lo posible para detener las nuevas leyes, reformas o el intento de cualquier politica del FMLN. La oposicion piensa solo en el futuro politico del pais y NO en el futuro del pueblo. Esto lo que a hecho por 20 anios!!!!
ReplyDeleteMe identifico plenamente con lo que escribio el anonimo de las 10:11 del 23 de Febrero de este año.
ReplyDeleteTal como lo hubiera expuesto, pues el tema no es de analisis SIMPLISTAS COMO LOS DEL DIARIO DE HOY QUE ESTE DIA (Martes 23 de Febrero, 2010) LE INTERESA MAS DESACREDITAR A LA FUNCION EJECUTIVA DEL PRESIDENTE FUNES QUE POR NO COLECTAR FONDOS DEL TRIBUTO CON EL NUEVO PLAN FISCAL PERO ELLOS(EDH) SON LOS PRIMEROS EN HABLAR Y HASTA CONTAR LOS MUERTOS PARA DESACREDITAR AL FMLN EN EL PODER.
Pareciera ser, que se necesita tiempo y poder hacia la doblegacion de este criminal asalto a la ciudadania Salvadoreña pacifica.
ESPERAMOS RESULTADOS A MAYOR PLAZO.
Jose Matatias Delgado Y Del Hambre.
En los últimos días, FUSADES por medio del gerente social, Rafael Pleitez, ha sido categórica al afirmar que los Órganos de Estado y la sociedad civil se encuentran frente a una oportunidad histórica para combatir la delincuencia y el crimen organizado y reducir así los índices de inseguridad pública.
ReplyDeleteCuando el problema ha tocado fondo con más de doce homicidios diarios, extorsiones, robos, narcotráfico y violencia social, incluyendo la falta de cumplimiento de la ley que provoca accidentes de tránsito y en consecuencia aumenta el número de muertes, lo único que deberíamos esperar es una reacción inmediata de las autoridades, los gremios empresariales, las asociaciones de profesionales y los ciudadanos en general, unidos con el mismo propósito de hacer frente al principal problema nacional que podría derivar en una clara desconfianza de la inversión local y extranjera, sumiendo en una miseria más profunda a todas aquellas familias que dependen de un salario, máxime en la situación económica desfavorable en la que se encuentra el país.
En los últimos años, la inseguridad fue aprovechada electoralmente por los gobiernos de turno. Mientras las maras seguían enquistándose en las zonas más pobres del país, extorsionando los pequeños negocios y asesinando transportistas, las autoridades de ese entonces, debatían la mejor estrategia que les permitiera ganar votos por medio de campañas publicitarias para combatir el crimen. Es cierto que la mayoría de los directores de Policía tomaban en serio su trabajo y lucharon hombro a hombro con sus subordinados en el combate al crimen organizado. Así se redujeron los secuestros y disminuyeron los homicidios; sin embargo, hubo manipulación electoral en el manejo de la seguridad pública.
esperemos que todo valla viento en popa hojala que los hijos de nuestros hijos empiecen a disfrutar de un El Salvador renovado...
ReplyDeletede mi parte devo decir que se deverian de aprobar leyes mas rigidas pongamonos a pensar en penas de muerte que a todo delincuente ascesino o ladron. les recuerde antes de comenter un acto contra la ley.
un nino de 15 anos que es detenido por dos ascesinatos ya no es un nino nisiquiera una persona...