Sergio Ramírez*

En qué momento los militares de América Latina cambiaron de ideas y se convencieron de las virtudes del orden constitucional? ¿Cuándo decidieron que era necesario dar paso a la democracia y renunciar a los golpes de Estado? ¿Y fue una conversión verdadera?

Por lo menos desde la elección del presidente Raúl Alfonsín en Argentina, en 1983, parecía que se habían vuelto invisibles en todo el continente, y que de verdad estaban de regreso en sus cuarteles, de donde no saldrían nunca más. Todo se había vuelto miel sobre hojuelas y, como por arte de una lobotomía frontal, la vieja doctrina que los situaba como árbitros permanentes del poder parecía borrarse, y en uno y otro país, fuera el Caribe o el Cono Sur, los comandos supremos y los estados mayores conjuntos proclamaban su obediencia al poder civil.

Eran los mismos generales y almirantes que antes habían ocupado los palacios presidenciales, o que habían decidido quién debía ocuparlos; habían salido de las mismas academias de guerra, se habían entrenado gran parte de ellos en la Escuela de las Américas en Fort Gullick, en la Zona del Canal de Panamá, pero de pronto parecían renunciar a su pasado y se adherían a las elecciones libres, y al respeto de los periodos presidenciales establecidos en las Constituciones. Hasta que de pronto sonó el primer pistoletazo.

En 1991, el general Raoul Cédras derrocó por la fuerza de las armas al presidente constitucional de Haití, Bertrand Aristide, interrumpiendo un breve sueño de democracia en un país gobernado hasta hacía poco por la larga tiranía de los Duvalier, padre e hijo. Cédras estableció otra, a la vieja usanza de la guerra fría cuando la guerra fría había recién terminado, y la presión internacional, coronada por una intervención militar, le obligó a devolver el poder a su legítimo dueño, que, otra vez, electo de nuevo, volvió a ser derrocado en 2004, esta vez sin esperanza de regreso desde su lejano exilio en Suráfrica.

El siguiente disparo se escuchó en 1992, cuando el coronel Hugo Chávez encabezó un levantamiento militar, fraguado dentro de los cuarteles, para derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero le abrió a Chávez las puertas de su futuro político, pues tras dos años en la cárcel, y después de ser indultado, vino a ganar las elecciones presidenciales de 1999 y se ha quedado desde entonces en el Palacio de Miraflores, de donde no pudo arrancarlo otro golpe militar orquestado por sus propios compañeros de armas en 2002, en connivencia con civiles.

Cédras no proclamó ninguna revolución, por supuesto. El padre Aristide, depuesto dos veces, era el que se proclamaba revolucionario de izquierda, como se proclamó el coronel Chávez con su revolución bolivariana, fracasado en su golpe militar y triunfante luego en las elecciones, sin que fuera la primera vez que un golpe abría al golpista las puertas del triunfo electoral; basta citar el ejemplo del general Juan Domingo Perón en Argentina, que organizó el golpe contra el poder civil en 1943, fue derrocado y encarcelado en 1945 y de la prisión salió a ganar las elecciones presidenciales de 1946, en olor de multitudes, para ser reelecto de nuevo, aunque al final otro golpe lo sacó del poder en 1955. Pero de golpes de Estado nacieron el peronismo y el chavismo como fenómenos populares y populistas.

¿Lunares apenas en el rostro limpio de la democracia los golpes de Cédras y de Chávez? Ahora tenemos otro, el primero del siglo XXI, el del general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales, casi al final de su mandato, un golpe contra el que ha protestado de manera vehemente el propio Chávez. El general Vásquez no se quedó en la silla presidencial, pero sin duda es el árbitro del poder. Y ese papel de árbitros del poder es el que, según la fábula, los militares habían perdido para siempre, de regreso en la neutralidad apolítica de sus cuarteles.

El golpe contra Zelaya siguió las reglas clásicas, ya se sabe que fue sacado de su cama y enviado al exilio en pijama, según el general Vásquez por razones de seguridad nacional, pues si los militares lo dejaban preso en Honduras amenazaba la violencia. Cuando al general Vásquez, que es devoto de Jesús de la Buena Esperanza y lee libros de autoayuda, le preguntan si aspira en el futuro a ocupar la presidencia, se ríe y dice que en esta vida todo es posible.

El asunto está en que el golpe de Honduras sigue abriendo las costuras de una herida que ya creíamos cerrada, y otra vez en este siglo, como en el pasado, los militares vuelven a arrogarse la potestad de decidir cuándo la democracia ha fallado, o cuándo se vuelve peligrosa, y amerita así su intervención bienhechora.

Es un funesto precedente frente al que hay que poner las barbas en remojo. ¿Qué garantías tenemos ahora de que los militares de verdad se convirtieron al credo democrático y no oiremos sonar el próximo pistoletazo, porque no les gusta lo que está haciendo el Gobierno civil electo por los ciudadanos, sea de izquierda o de derecha?

Que nadie se sienta a salvo.

Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua, es escritor.

EEUU apura una solución para la crisis en Honduras
Por Javier López de Lérida y Deborah Charles

TEGUCIGALPA/WASHINGTON (Reuters) - Estados Unidos anunció el martes el envío de tres altos diplomáticos para ayudar a resolver la crisis política de Honduras, abierta con un golpe militar contra Manuel Zelaya, quien expresó su disposición a volver a la presidencia con condiciones.

Los negociadores del Gobierno de facto de Roberto Micheletti y del destituido Zelaya, que no pudieron cerrar un acuerdo la semana pasada, tendrán ahora la presión de los enviados, encabezados por Tom Shannon, secretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental.

Los funcionarios, que viajarán al país centroamericano el miércoles, planean reunirse con Zelaya, el presidente que fue derrocado en junio, y con Micheletti, en negociaciones que podrían durar cerca de dos días.

"Esto es muy urgente", dijo el portavoz del Departamento de Estado Ian Kelly, refiriéndose a la necesidad de llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales del próximo mes.

La secretaría de Estado, Hillary Clinton, enviará además de Shannon, a su adjunto Craig Kelly y a Dan Restrepo, director para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca.

RETORNO CON CONDICIONES

En Honduras, las partes se preparaban el martes para retomar las conversaciones rotas días atrás.

Zelaya dijo en una entrevista con una radio local que ha aceptado un retorno con condiciones y que su restitución sería un símbolo de la recuperación del estado de derecho.

"He aceptado un retorno con condiciones", afirmó a Radio Globo y añadió que "debe haber un acuerdo político para que las elecciones sean reconocidas".

El acuerdo puede abrir camino a una transición hasta el traspaso del poder a un nuevo presidente en enero surgido de las elecciones del 29 de noviembre, que Zelaya y organismos internacionales han amenazado con desconocer.

"Nuestra posición es: estamos en la mesa" de negociación, dijo a Reuters Vilma Morales, que representa en el diálogo al Gobierno de Micheletti, que hasta ahora se niega a la restitución de Zelaya.

La reinstauración de Zelaya, quien se infiltró hace un mes en el país y está refugiado en la embajada de Brasil, es la principal traba para un acuerdo el tercer país más pobre de América Latina.

Zelaya fue derrocado por militares y expulsado del país por supuestamente violar la Constitución con su intento de hacer un referendo para allanar camino a la reelección presidencial. El Gobierno de facto ha librado órdenes de detención en su contra y dice que debe enfrentar a la justicia.

Otra portavoz del Departamento de Estado Virginia Staab declaró que ambas partes apoyaban la visita de los funcionarios estadounidenses.

"Estamos tomando eso como una señal positiva. Que ellos nos den la bienvenida, que se comprometan con nosotros y esperamos facilitar una continuación del diálogo", comentó Staab.

ELECCIONES

El Gobierno del presidente estadounidense Barack Obama está decepcionado con el estancamiento y el Departamento de Estado cree importante para ambas partes terminar la crisis antes de las votaciones, algo en lo que coincide con los dos principales candidatos a la presidencia de Honduras.

Porfirio Lobo y Elvin Santos exhortaron el martes a que el diálogo avance.

Lobo, candidato del Partido Nacional, amplió su ventaja en la carrera por la presidencia de Honduras a 16 puntos porcentuales, según una encuesta de CID-Gallup, que publicó el martes el periódico La Prensa.

Según el sondeo, Lobo obtendría un 37 por ciento de las preferencias frente a un 21 por ciento de Santos, candidato del Partido Liberal, en la elección prevista para el 29 de noviembre.

El Partido Liberal se encuentra dividido entre los que apoyan a Zelaya y los que respaldan al Gobierno de Micheletti, puesto que ambos son dirigentes de la agrupación.

A poco más de un mes de las elecciones, la campaña proselitista marcha como si en el país no hubiera pasado nada, pero se ha extendido la preocupación por la violencia.

El martes fue raptado el padre del viceministro de Defensa Carlos Jalil, informó la policía local. Y el secuestro se sumó al asesinato de un coronel y del sobrino del presidente de facto Roberto Micheletti.

La policía no se ha referido a los motivos de los crímenes.

Zelaya envió sus condolencias a su enemigo político por la radio y el Departamento de Estado estadounidense también lamentó la muerte del familiar de Micheletti.

(Reporte adicional de Gustavo Palencia. Editado por Silene Ramírez)

Fuente: Reuters 27/10/2009

Por José Manuel Ortiz Benítez*

“Si queremos continuar siendo salvadoreños, nacionalistas y vivir en libertad y democracia, todos, hombres y mujeres debemos ir el domingo a votar por nuestro líder, el ingeniero Rodrigo Ávila", decía, totalmente convencida de ello, una arenera de corazón llamada Gloria Salguero Gross, durante la campaña electoral.

"Si gana el FMLN, la patria muere, si ARENA triunfa, la patria vive", presagiaba en blanco y negro el respetable Sr. Eduardo Barrientos, uno de los areneros más veteranos del mapa político salvadoreño.

“La candidatura (de derecha) cierra campaña no sólo aglutinando a ARENA, sino a todas las fuerzas democráticas del país. Por el contrario, la candidatura de Mauricio Funes cerró en medio de tensiones con su propio partido. Pasada la campaña, el candidato Funes y su partido tendrán que aclarar de dónde ha salido el dinero para financiar la campaña” apuraba, pediendo cuentas claras en el último minuto de la carrera presidencial, un analista político llamado Marvin Geleas, que se premia de ser independiente y objetivo.

“Otros son los patanes que escriben en las paredes ‘Rodrigo, debatí con Mauricio no seás c…’ (sic), patanes que no son independientes, sino mandaderos del FMLN” atizaba otro analista político llamado Ivo Príamo Alvarenga, en la recta final de la campaña, cuando demócratas pedían genuinamente o no un debate entre los candidatos.

“Que la frase de advertencia sea pronunciada por Ricardo Poma en referencia a lo que El Salvador afronta en las elecciones presidenciales del 15 de marzo tiene un cariz particular. No sólo porque sea uno de los más poderosos empresarios de El Salvador, sino por lo que representan tales palabras en boca de uno de los hombres más visionarios del país” encabezaba, entre otros recursos y malabares que utilizaba durante la campaña, el editorial de El Diario de Hoy.

Lo anterior sólo es una pequeña muestra del amor y afecto de los que goza un partido político cuando disfruta de las mieles y la bonanza del poder.

Dos décadas ha tomado al pueblo salvadoreño echar al partido ARENA del poder y, una vez desprendido de él, a este último le han bastado 4 meses únicamente para empezar a descalabrarse.

Al interior de ARENA, una enorme, profunda y tumultuosa grieta, que nadie esperaba, ha aparecido, desafiando sus principios de unidad granítica histórica y amenazando su continuidad como institución relevante en el panorama político nacional.

Sin pensar en los contrapesos democráticos esenciales para el funcionamiento de los países libres, algunos ya están celebrando su extinción.

Las aparentes causas del cataclismo en el partido ARENA son de naturaleza variopinta. Unos dicen que se debe a la mano invisible del ex presidente Elías Antonio Saca, quien, al parecer, se niega a llevar una vida de ciudadano normal lejos de la política.

Otros apuntan a la “falta de representatividad” en el recién renovado Comité Ejecutivo Nacional (COENA) del partido.

Pocos son los que sostenemos públicamente que el descalabro en ARENA se debe principalmente al choque frontal e inesperado con la realidad: el partido tiene distintas ondas y sensibilidades y los gastos y deudas pendientes ya no se pueden financiar con el dinero ajeno.

Una vez fuera del poder, el dinero público del contribuyente ha cesado de fluir por las distintas tuberías subterráneas que financiaba el hambre voraz del partido y el apoyo de los distintos sectores afines, entre ellos medios de comunicación, sector de la gran empresa, círculo de analistas, fundaciones y otras organizaciones y asociaciones que simpatizaban con el partido.

Con el batacazo del 15 de marzo y el relevo del poder el 1 de junio de 2009, ARENA se ha estampado de frente contra un duro hecho existencial: está fuera del poder sin acceso a recursos estatales, entre otros al recurso de la información privilegiada y del dinero (negro), cuya fuerza no es precisamente la fe, sino su capacidad para comprar toda clase de bienes y servicios, incluidos amistades, afectos, halagos, silencios y voluntades.

Sin embargo, la causa del descalabro, no creo que únicamente se deba “a quien paga los exorbitantes gastos y las deudas del partido de aquí en adelante sin el habitual chorro de dinero público”, sino también al deseo de algunos sectores internos cansados del obsoleto estribillo del siglo pasado “Patria Si, Comunismo no”, y deseosos de evolucionar, de formar una nueva institución política, una derecha más moderna, menos ideológica, más próxima a resolver los aprietos de los ciudadanos.

El problema naturalmente está en que quienes se disputan el control de la nueva y la vieja derecha, Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca, siguen siendo personajes de la misma derecha y eso empaña inevitablemente la óptica de aquellos que defienden que las motivaciones de la ruptura corresponden a razones de renovación auténtica y no a intereses económicos y personales.

La maldición de octubre, que normalmente deja a su paso millones de hojas muertas, aterriza con toda su fuerza en Alianza Republicana Nacionalista, un partido que hasta hace unos meses se consideraba una formación política graníticamente unida casi invencible.

“El réquiem suena y el féretro del otrora impugnable partido asoma por las calles de la historia y los participes de ella le muestran la espalda al cortejo como señal evidente de desprecio por 20 años de abuso y corrupción” escribe finalmente un posible seguidor del partido de izquierda, el FMLN, aparentemente feliz por lo que acontece en el otro bando, sin prestar un atisbo de atención a lo que puede suponer la muerte y extinción de un partido político en los equilibrios y contrapesos de una pequeña nación que aspira a avanzar por el sendero de la libertad y la pluralidad democrática.

Otros artículos de este autor AQUÍ - José Manuel Ortiz Benítez es Miembro de Salvadoreños en el Mundo

Por Edgardo Ayala

Con una espátula, el investigador forense Israel Ticas escarba alrededor de un pie que, en estado de putrefacción y en posición de abajo hacia arriba, brota del terreno escabroso escondido entre las lomas del cantón Las Crucitas, de Ciudad Arce, en el occidental departamento salvadoreño de La Libertad.

Otras partes del cadáver han sido ya identificadas por el experto y tiene una noción de algunos rasgos de la persona asesinada y enterrada allí entre matorrales rodeados de sembradíos de café y fríjol.

Se trata de un joven menor de 20 años, que al momento de morir fue desmembrado de pies y brazos, además de haber sido decapitado.

Probablemente se trate de una persona que a mediados de octubre fue reportada como desaparecida a las autoridades, que vivía en la colonia El Bosque, de Ciudad Arce. Aunque las investigaciones están en su fase inicial, todo apunta a que las pandillas están detrás del crimen.

"A este muchacho lo asesinaron más o menos hace un mes. Es probable que haya otro, como a 15 metros de distancia porque hemos encontrado huesos", dice Ticas a IPS.

Ticas es un experto forense de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de buscar y desenterrar los cadáveres enterrados clandestinamente, algo que recuerda los días de la guerra civil (1980-1992), que dejó 75.000 muertos, la mayoría a manos de escuadrones de la muerte y militares que se enfrentaban al entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el gobierno.

Cifras de la FGR indican que de enero a septiembre se han hallado 80 cadáveres diseminados por todo el país en 18 cementerios clandestinos y en dos pozos, una estrategia utilizada en el conflicto armado por los temibles escuadrones de la muerte y unidades del ejército responsables de ejecuciones de izquierdistas, aunque también era común que dejaran los cuerpos a la vista de todos a la orilla de las veredas y caminos.

Ahora los cementerios clandestinos nuevamente resurgen en tiempos de paz.

"Los criminales buscan evitar que se les responsabilice de los crímenes que cometen, y lo más fácil es deshacerse del cuerpo; si no hay cuerpo, no podemos atribuir el homicidio a ninguna persona", dice a IPS un fiscal de la FGR, que omitió su nombre.

Los asesinatos en El Salvador, en el orden de 52 por cada 100.000 habitantes, colocan a esta nación centroamericana entre las más violentas del mundo, y ha puesto en aprietos al nuevo gobierno del izquierdista FMLN, que ya recibe fuertes presiones para que actúe con vigor contra la ola de crímenes y se le reclaman resultados pese a que asumió apenas el pasado 1 de junio.

Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicado el 22 de este mes, señala que más de la mitad de los consultados temen ser víctimas de la violencia. Otro 16 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de delito en los últimos 12 meses, lo cual muestra un aumento de un punto porcentual respecto de otra investigación similar realizada en 2006.

Cifras de Policía Nacional Civil (PNC) dan que 80 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego, en un país donde medio millón de ellas no cuentan con la matrícula requerida y se comercializan libremente en el mercado negro.

La racha de homicidios que se viene arrastrando desde hace varios años, además de otros delitos, ha traído nuevamente escenas que no se veían desde el conflicto armado interno.

Además de cementerios clandestinos y "pozos macabros", como los llama la prensa local, ha vuelto la práctica de la desaparición forzada de personas, muy comunes en los tiempos de la violencia política.

La Comisión de la Verdad, instaurada en El Salvador tras el fin de la guerra civil, reveló que unas 8.000 personas fueron desaparecidas por causas políticas, en una práctica común entonces de parte de las fuerzas gubernamentales y copiada de las hordas represoras de las dictadura de los años 70 en el Cono Sur de América.

Ahora la motivación no es política, es fruto de la vorágine de violencia ciudadana que vive el país. La PNC reporta que desde enero de 2007 a junio pasado se contabilizaron 1.272 personas desaparecidas.

Algunos noticieros de televisión informan sobre personas desaparecidas, proveyendo de números telefónicos para que los familiares de los desaparecidos puedan recibir información que les den pistas para encontrarlos, generalmente muertos.

El matutino local El Diario de Hoy reportó el 12 de este mes sobre tres casos de adolescentes desaparecidos, entre ellos Kevin Antonio Rivera, de 17 años. El padre del joven dijo al periódico que su hijo fue interceptado por un grupo de pandilleros el 14 de agosto en San Martín, 18 kilómetros al este de San Salvador, y desde entonces no ha sido visto.

Incluso los "toques de queda", utilizado por los regímenes militares para controlar el libre movimiento de la población, han vuelto a ser reclamados por muchos ciudadanos de este país con 5,7 millones de habitantes.

Supuestos pandilleros enviaron el día 15 un correo electrónico a varios medios de comunicación en el que advertían que incrementarían su accionar delictivo contra la población como reacción a un plan del gobierno e Mauricio Funes, aún sin ejecutar, de sacar a la calle a oficiales del ejército en tareas de seguridad pública.

Ese día, varios negocios en la capital salvadoreña cerraron sus puertas antes de la hora habitual, y algunas escuelas del interior del país, donde el auge delictivo es mayor, como en Lourdes, La Libertad, cerraron sus puertas sin recibir a los y las estudiantes.

"La población viene de sufrir en la época de guerra, y nuevamente, ya en paz, estamos viendo secuestros, extorsiones, ejecuciones, desapariciones y temor con toques de queda", dice a IPS Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), organización que jugó un papel preponderante en denunciar detenciones y desapariciones forzadas durante el conflicto.

"Hay que preguntarse por qué a tantos años de finalizada la guerra, en 1992, se están repitiendo esos casos que eran comunes en la guerra", agrega.

Montenegro señala que los altos niveles de criminalidad en El Salvador es resultado directo de la desidia y planes errados con que ese drama fue abordado en los 20 años de gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que perdió las elecciones presidenciales en marzo, permitiendo que la izquierda llegara al gobierno por primera vez en la historia de este país.

Las políticas neoliberales aplicadas por Arena hicieron más ricos a los sectores pudientes, pero empobrecieron más a la población, y los jóvenes se vieron sin ningún tipo de oportunidades para superarse y salirse de la violencia, dice Montenegro.

Fuente IPS 26/10/2009

Por Juan José Dalton*

La otrora poderosa derecha salvadoreña, aglutinada en la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se ha dividido en dos facciones, como consecuencia final del fracaso electoral del pasado 15 de marzo, que llevó al poder a su gran rival, el izquierdista y ex insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El pasado jueves, 12 de los 32 diputados que integran el grupo parlamentario de Arena -que gobernó El Salvador durante 20 años, entre 1989 y 2009- decidieron separarse definitivamente del partido y constituir un grupo independiente. Incluso demandaron a la directiva parlamentaria oficinas propias y puestos en la junta de dirección del órgano legislativo.

Entre sus acciones inmediatas, en la sesión plenaria del mismo jueves, los 12 ex diputados del mayor partido opositor votaron junto a los diputados del oficialista FMLN para archivar una propuesta de Arena que pedía la investigación de presuntas irregularidades cometidas en el Ministerio de Agricultura en el reparto de semillas de siembra a campesinos. Para los areneros, fue la "consagración de la traición".

Desde el pasado 12 de octubre, 12 diputados, encabezados por Guillermo Gallegos, se amotinaron y se negaron a reconocer a la cúpula del partido, cuyos miembros habían jurado sus cargos 24 horas antes en una asamblea o congreso ordinario. Aquel congreso fue aparentemente una fiesta, en la que el ex presidente de El Salvador y banquero Alfredo Cristiani se había erigido como el líder "unificado" de Arena.

Se creyó que Cristiani, con su poder y experiencia política, lograría frenar pronto la revuelta, pero ésta ha continuado engordando como una bola de nieve. A los rebeldes se les sumaron otros cinco diputados suplentes; luego, otros dos diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y cuatro de los 14 directores provinciales. Dicen tener más adeptos, que se incorporarán poco a poco.

Derecha de "mano dura"

No hay precedentes de una crisis semejante en Arena, que fue símbolo y ejemplo de organización monolítica en la derecha latinoamericana. Gobernó El Salvador durante dos décadas con "mano dura" en el terreno social y político. Sus adversarios decían que fue uno de los principales exponentes del "neoliberalismo ortodoxo" en el continente, tras las privatizaciones, la apertura comercial y la dolarización nacional. Su fundador fue el ya fallecido mayor de inteligencia Roberto D'Aubuisson, acusado nacional e internacionalmente de haber fundado los temibles escuadrones de la muerte y de ordenar el asesinato, en 1980, del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero.

Jamás, en 20 años, se juzgó a nadie por los graves crímenes de la guerra civil que, entre 1980 y 1992, costó a esta nación centroamericana 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

La crisis de Arena, según los analistas, se agudizó con la derrota electoral de este año. Desde entonces, las diversas facciones se han acusado mutuamente del fracaso. Y todos tildan al ex presidente Antonio Saca de traidor por haber entregado el poder a la izquierda y poner en "riesgo el sistema de libertades".

¿Refundación?

Alberto Arene, analista político salvadoreño, asegura que estas divisiones son propias de los partidos autoritarios y recomienda a las fuerzas de la derecha, en especial a Arena, "refundarse y crear un partido más democrático y amplio". Por otra parte, apunta que los partidos políticos del país deben "dejar de vivir en la guerra", y les recuerda la nueva realidad mundial, en la que la guerra fría y la confrontación comunismo-anticomunismo ya no tienen razón de ser.

Fuentes diplomáticas indican que en Arena se está reflejando también el fraccionamiento existente en la actualidad en la empresa privada local, que está actuando con pragmatismo frente al nuevo Gobierno de izquierda encabezado por el periodista Mauricio Funes, quien asumió la presidencia el pasado 1 de junio y que está gobernando de forma moderada, sin alianzas políticas externas y con relativa independencia del FMLN que lo llevó al poder.

En perspectiva, la crisis de Arena tiene "más tela que cortar". Cristiani y su grupo culpan a Herbeth Saca, primo del ex presidente Saca, de estar "detrás" de "la arremetida" contra la coalición, cuyas consecuencias, advierten, se traducirán en la "consolidación de un proyecto de izquierda radical" encabezado por los sectores más duros del FMLN.

De hecho, en comunicados firmados por el ala oficial de Arena se menciona a uno de los más importantes líderes del FMLN, José Luis Merino, vinculado a un supuesto proyecto para destruir a la derecha y controlar el Parlamento.

Por su parte, Sigfrido Reyes, actual vicepresidente del Parlamento y dirigente del ahora gobernante FMLN, ha salido al paso de las acusaciones. "Nada tiene que ver el FMLN en toda esta crisis de Arena; están sufriendo las réplicas del terremoto que significó la derrota presidencial. De cualquier forma, lo que estamos viendo es la punta del iceberg de una muerte anunciada del ultraconservadurismo neoliberal", asegura.

Fuente: El País 27/10/2009