La Partida Secreta del Presidente de la República de El Salvador

Unidad Presupuestaria Número 10
Por José Manuel Ortiz Benítez

Gracias al equipo del Ministro de Hacienda, el Sr. Carlos Cáceres, el presupuesto del gobierno central de El Salvador ya está listo para ser discutido y aprobado o desaprobado por los señores diputados en la Asamblea Legislativa.

El monto total se presume en 4,062,000,000.00 (4 mil 62 millones de dólares), de los cuales un porcentaje X puede ir a parar a la cuenta secreta de la Presidencia, la Unidad Presupuestaria Número 10.

En realidad, todos los residuos del presupuesto nacional pueden ir a parar a la gaveta de casa presidencial, gracias al permisivo texto de la legislación actual sobre la partida secreta.

Todos los sistemas presupuestarios tienen imprevistos: cosas que no se ejecutan, plazos que no se cumplen, licitaciones que no se adjudican, planes que se olvidan, litigios legales y un sinfín de otras anomalías pueden impedir que el gasto o la inversión del estado se lleve a cabo.

Los residuos presupuestarios por acciones no realizadas, por muy pequeños que sean, pueden suponer una buena tajada. Si el 5% del presupuesto nacional presentado no se ejecutara, por cualquier razón, esa suma de dinero sería de $203,100,000 y podría ser transferida en su integridad, con todas las de la ley, a la partida secreta de la Presidencia. Cada porcentaje de ese presupuesto no ejecutado supondría una cantidad de 40.6 millones de dólares.

El artículo 2 de la ley presupuestaria del estado manda: “Facultase al Órgano Ejecutivo para que por medio de Acuerdo en el Ramo de Hacienda, refuerce la asignación de la Unidad Presupuestaria 10 Provisión para Atender Gastos Imprevistos, con cargo a las economías obtenidas en remuneraciones y en otros rubros de agrupación, durante la ejecución de las asignaciones presupuestarias correspondientes a las Unidades Primarias de Organización e Instituciones Descentralizadas no Empresariales que reciban recursos del Fondo General.”

Lo anterior en castellano de a pie significa que “el Presidente y sus colaboradores más cercanos tienen derecho a una enorme partida negra de dinero público para hacer con ella lo que quieran.”

Así es, la ley “faculta” a la Presidencia de la República a usar dinero negro, o casi negro, para atender lo que estime conveniente: hacer una fiesta para los niños en navidad, contratar servicios de asesoría especializada, pagar extra cash a los señores diputados o mandar de compras a su mujer y sus hijos a los Campos Elíseos en Paris.

Es un fondo demasiado jugoso para un solo hombre, el Presidente.

En los países modernos, la partida secreta se ha rebautizado con el nombre de “Fondos Reservados” y su partida contable está normalizada dentro de los presupuestos nacionales, lo que significa que hay una asignación específica anual que es de dominio público. El objetivo: atender necesidades imprevistas relacionadas generalmente con defensa, inteligencia y seguridad nacional.

En esas democracias avanzadas, poca gente conoce los destinos finales de los fondos reservados, porque casi siempre esa información es “clasificada”. Pero, los ciudadanos, saben, de antemano, cuánto de dinero público se destina a fines oscuros y los legisladores tienen la posibilidad de realizar enmiendas.

En El Salvador, la partida número 10, prácticamente sin límites, ha sido una de las dos grandes fuentes de la corrupción del gobierno central. La otra, las licitaciones amañadas de los grandes ministerios y dependencias ejecutivas –Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Seguridad y Justicia, Ministerio de Salud Pública, ANDA, CEL, etc. – merece un tratamiento especial en otra columna a parte.

Una grave lesión a la transparencia en el manejo y asignación de muchos millones de dólares de dinero público en Casa Presidencial, sustentada en la ley, es lo que en el fondo es la partida secreta.

¿Cuál es el sentido exacto de la partida secreta? ¡Defensa, inteligencia y/o seguridad del Estado!

Permítanme ser más directo: ¿Tenemos los salvadoreños que aceptar que la primera fuente de corrupción en el gobierno central sea facilitada por la ley?

No es una pregunta retórica amigos. Es una pregunta para la reflexión.

Actualmente, la ley, que representa la legalidad, lejos de impedir la corrupción, la fomenta porque faculta a un reducido puñado de hombres a transferir y utilizar fondos públicos sin ninguna fiscalización ciudadana. Eso atenta contra el estado de derecho y colisiona contra los principios de transparencia como ha quedado evidenciado estas últimas dos décadas.

La partida, o mejor dicho el texto de la ley, tiene, como mínimo, un gran defecto: deja a los ciudadanos colgando de la confianza y del buen criterio del Presidente de la República y sus colaboradores más cercanos. Pero la confianza es demasiada frágil para semejante tajada. Es como darle a alguien un cheque en blanco, cuyo importe nunca conoceremos.

Los 4 últimos presidentes de El Salvador, antes de Mauricio Funes, han entrado al poder gozando de cierto nivel de riqueza, pero una vez dentro y agotados sus mandatos, sus fortunas y la de sus descendientes directos se han potenciado al máximo.

Es lo que se llama prosperidad personal a costa de la prosperidad de los demás.

Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca, todos acumulan ahora más riqueza que antes de ser presidentes, especialmente el primero y el último.

No tengo el detalle de sus patrimonios, ni el de sus familiares directos antes y después de ser presidentes para hacerles la comparativa. Sin embargo, la prosperidad económica de los señores Cristiani y Saca son las que más llaman la atención.

Después que la empresa de su familia, Grupo Santa Lucia, fuera el principal suministrador de insumos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Sr. Cristiani dio el salto y fundó el grupo Cristiani Burkard, S.A. de C.V. un potente negocio que controla el sector agro en Centroamérica, desde la comercialización y producción de semillas, hasta la transformación y exportación de productos agroalimentarios.

Elías Antonio Saca, que empezó como un modesto empresario en la radio, ha terminado siendo un magnate de gran peso dentro del sector radiofónico del país.

Como anécdota, el Sr. Saca se construyó una casa de exquisitos acabados y dimensiones colosales, que según una valoración área de una arquitecta llamada María del Socorro López, su valor de construcción podría oscilar entre 5 y 22 millones de dólares, dependiendo del costo de la mano de obra local, los materiales y las materias primas utilizadas, más el precio de mercado del terreno.

Tony Saca, el hombre del pueblo, se ha construido una casa, digamos, por poner el precio más bajo, de 5 millones de dólares, cuando el salario mensual medio del mandatario fue de $3,600, entre el 2004 y el 2009, según Hacienda. Es decir, el sueldo total de Saca, sobre el papel, fue de $216,000 en todos los 5 años de ejercicio presidencial. Ese sueldo no le daba al presidente del pueblo para construirse una modesta casa ni de $500,000.

Los medios, sobre quienes recae la tarea de fiscalización social, podrían consultar las declaraciones de impuesto y la cuenta de resultados del Grupo Sami presentados a Hacienda e inferir si las ganancias de las cadenas de radio del Sr. Saca dan para construirse una casa de esas dimensiones. Naturalmente eso nadie lo va a hacer. “Con los poderosos, aquí, nadie se mete” dice mi tocayo don Manuel.

Sobre el Sr. Flores y el Sr. Calderón Sol no tengo datos confiables, así que poco puedo decir sobre ellos más allá de la sospecha generalizada de que también se aprovecharon al máximo de la jugosa tajada de la partida secreta.

En cuanto a nuestro humilde y trabajador último Presidente, el Sr. Mauricio Funes, los detalles de su patrimonio y el de su familia son bien conocidos por todos ya que en la contienda electoral los medios se encargaron de sacar hasta fotos del solar trasero de su casa. De hecho, Funes es el único presidente en 20 años que en lugar de tener millones de dólares en una cuenta bancaria, lo que tiene es una deuda personal de $2.4 millones, más el alquiler de una bonita mansión. El prestamista y landlord a la vez es la misma persona, el empresario Nicolás Salume.

El Sr. Mauricio Funes puede hacer, como han hecho sus predecesores, mantener la partida secreta sin cambios y hacer fortuna personal con el dinero de los demás; o puede hacer historia estableciendo un sólido precedente para la posteridad: transparentar la partida secreta de la Presidencia, por donde ha pasado la mayor corrupción salvadoreña de nuestro tiempo y demostrar así su honestidad, su compromiso contra la corrupción y su cabalidad para con el pueblo salvadoreño.

Otros artículos de este autor AQUÍ -José Manuel Ortiz Benítez es miembro de Salvadoreños en el Mundo

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