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Director del ISSS, Dr. Leonel Flores,debate la inclusión de los salvadoreños en el exterior al Seguro Social

[ martes 31 de enero de 2012 | 0 comments ]

El Director del ISSS, Dr. Leonel Flores, fue el ponente destacado de la celebración de los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. A la celebración asistieron autoridades como la Primera Dama de la República, Dra. Vanda Pignato; el coordinador de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, el Sr. Miguel Huezo Mixco; y el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Mitchell Ferguson, entre otros.

“Si me permiten los señores diputados hoy vengo a hablar aquí como un simple migrante”, se expresó con humildad el Dr. Flores al recordar que él es uno más de los miles de hermanos salvadoreños que tuvieron que forjarse un mejor futuro fuera de las fronteras patrias y que representa a la diáspora salvadoreña en el Gobierno del Presidente Mauricio Funes. El Titular del ISSS hizo un llamado a los presentes para seguir conquistando y demandando espacios de participación en los proyectos de país y de la agenda pública salvadoreña.

El Dr. Flores explicó además que dentro de su administración se empezará a desarrollar un programa integral de salud dirigido a la comunidad salvadoreña en el exterior, para que nuestros hermanos y sus familiares de origen gocen de la cobertura del Seguro Social. Para hacer realidad ese sueño, se iniciará un estudio que medirá las implicaciones y el impacto económico y de salud en los salvadoreños en el exterior.

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social trabaja arduamente por ampliar su cobertura de servicios. La diáspora salvadoreña no será la excepción, puesto que es un sector que merece una atención médica integral y digna como reconocimiento a su valioso aporte al país.

Fuente: isss.com.sv

 

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WOLA en Washington, critica la decision de Funes, sobre militar en PNC

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Nombramiento de un militar de carrera como director de la Policía Nacional Civil de El Salvador viola el espíritu de los Acuerdos de Paz

¿Significa esto un cambio de enfoque en las políticas de seguridad del país?

Washington, D.C—El nombramiento de un militar de carrera al puesto de director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador viola el espíritu de los Acuerdos de Paz, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). En los últimos dos años los líderes de la PNC han demostrado un compromiso firme con el fortalecimiento de la policía y la promoción de un enfoque preventivo. La preocupación de los expertos de WOLA no tiene nada que ver con el General Francisco Salinas como individuo. Lo que preocupa a WOLA es que por segunda vez en este gobierno, un militar retirado es puesto a cargo de una de las instituciones de seguridad pública en el país.

“Este nombramiento podría representar un cambio de enfoque hacia medidas que privilegian acciones represivas y un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en vez de impulsar la estrategia preventiva e integral que se requiere para afrontar la situación de inseguridad que vive el país, tal como había anunciado el Presidente Funes al inicio de su gobierno”, dijo Adriana Beltrán, coordinadora principal del programa de seguridad ciudadana en WOLA. “La decisión de nombrar a un militar de carrera al mando de la policía representa una violación al espíritu de los Acuerdos de Paz, los cuales establecieron una clara separación entre los roles del ejército y la policía, excluyendo a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, con excepción de los estados de emergencia”.

Según un reciente informe de WOLA, el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia no funciona y no disminuye la violencia. El efectivo abordaje de la inseguridad y la violencia requiere de políticas de seguridad integrales. Se necesita una fuerte inversión en programas de prevención social a nivel comunitario para responder a las causas que conducen a la violencia, así como también la profesionalización de la policía, el sistema de justicia, y demás instituciones encargadas de la aplicación de la ley.

En los últimos dos años se han dado pasos importantes para fortalecer la PNC, entre los cuales se destacan medidas para enfrentar la corrupción policial, para mejorar las unidades de investigación criminal y para incorporar una visión preventiva en el quehacer policial. “La historia reciente del país ha comprobado que la criminalidad y la violencia no se atacan exitosamente con políticas cortoplacistas, represivas y de mano dura que no llegan a la raíz del problema”, señaló Beltrán.

“La estrategia tiene que ser integral para lograr responder exitosamente a la legítima demanda de la ciudadanía por seguridad. Esto implica el uso inteligente de la policía a nivel comunitario y una efectiva investigación criminal”. Una estrategia integral también necesita el fortalecimiento del sistema de justicia, un enfoque en la prevención de la violencia y la generación de empleo a nivel comunitario. “La función constitucional del ejército es totalmente distinta a estas tareas”.

Contacto:
Kristel Muciño, Directora de Comunicaciones
press@wola.org; 202-797-2171

 

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Del Sandinismo a Daniel Ortega

[ viernes 27 de enero de 2012 | 0 comments ]

REPORTAJE: DAGUERROTIPOS DANIEL ORTEGA
Los sueños convertidos en galápagos

En los años setenta del siglo pasado, en toda Latinoamérica hervía el romanticismo revolucionario, la teología de la liberación se mezclaba con la dinamita, en la selva se compartía el amor a la novia y al fusil Kaláshnikov en medio de gritos de papagayos y otras aves del paraíso. Hubo una generación que creyó que los tiempos iban a cambiar. Hace ya muchos años que estos sueños terminaron, pero en la memoria de algunos ingenuos supervivientes todavía se conservan esfumadas las imágenes de curas guerrilleros, canciones llenas de un lirismo redentor, unos ideales de justicia que, tal vez, han acabado por pudrirse del todo.

Daniel Ortega era entonces un líder estudiantil, que dejó la carrera de derecho para alistarse en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El dictador Somoza lo encarceló en 1967 por haber atracado un banco. Todo era lícito con tal de derribar a aquel muñecón sanguinario, el tercero de una dinastía de amos de Nicaragua, mantenido por Estados Unidos como guardián de uno de sus patios trasteros. Después de siete años de prisión, gracias a los buenos oficios del arzobispo Obando con el dictador, Daniel Ortega recuperó la libertad y optó por exiliarse en Cuba, donde fue bien amamantado, mientras la guerrilla sandinista iba creando un dogal asfixiante en torno al Palacio Presidencial de Managua, finalmente asaltado en 1979 por Edén Pastora. El dictador Tachito Somoza huyó resbalando en el baño de sangre que había provocado. Le dio cobijo en Paraguay el dictador Stroessner, pero allí un comando compuesto por seis argentinos lo cazó años después. Su cadáver desventrado dentro del Mercedes Benz en plena avenida de España fue llorado solo por su amante, Dinorah Sampson.

Daniel Ortega había regresado a Nicaragua para erigirse en coordinador de la Junta del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El sueño de la revolución democrática estaba en marcha. Mientras una generación cantaba a coro con Mejía Godoy Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, de todos los países acudían brigadistas con mochilas, cooperantes y jóvenes sandalieros de buen corazón a ponerse a las órdenes de los siete comandantes para alfabetizar el país y llevar la justicia social hasta el rincón más hermético de la selva. Todo parecía bendecido por la voluntad férrea de cambiar el orden de los tiempos. Allí estaba Ernesto Cardenal, cura libertador y gran poeta, nombrado ministro de Educación para dar una pauta de inteligencia moral a la sublevación contra la injusticia planetaria, y en ese momento Daniel Ortega, poseído todavía por la seducción del guerrillero verde oliva, pelo negro, bigote negro, mirada de fuego y lengua airada, fue elegido en 1984 presidente de la República de Nicaragua.

Tal vez las revoluciones deberían hacerse solo para ser fotografiadas en ese punto estético del primer momento en que se confunden con el humo del pueblo antes de que se pudran. En Nicaragua, pronto comenzaron a corromperse las aguas. En las filas sandinistas aparecieron en seguida los celos, los primeros cismas y la corrupción. Daniel Ortega no se ahorró ninguno de estos estigmas. El héroe Edén Pastora se pasó al enemigo. La Contra, apoyada con el dinero y el armamento de Norteamérica y de los somocistas exiliados, se había establecido en el norte y en el sur del país. Fue derrotada por las armas, pero no por el idealismo de una política limpia. Ya entonces la figura de Daniel Ortega comenzó a abotargarse por fuera, si bien entonces aún se ignoraba que en 1982, cuando tenía 36 años, supuestamente había violado a su hijastra Zoiloamérica Narváez, adolescente de 15 años, un escándalo sexual tapado por su propia esposa, madre de la niña, Rosario Murillo, que no saltó hasta 10 años después. Ortega le hizo creer a la niña que los líderes de la historia, los héroes de la revolución y los salvadores de la patria necesitan sexo para su estabilidad emocional.

En su huida, la familia Somoza había dejado atrás la propiedad de dos millones de hectáreas, un número indeterminado de fábricas, hoteles, inmobiliarias. Este cúmulo de posesiones cayó sobre las cabezas de los vencedores como una gran piñata, que propició la rapiña general. No fue suficiente que el excomandante Sergio Ramírez luchara por recuperar los viejos ideales. Para saber en qué quedó la revolución sandinista basta con contemplar la figura actual de Daniel Ortega, reelegido presidente de Nicaragua ahora por segunda vez contra la propia Constitución. He aquí el diseño de un político lleno de conchas de galápago, la imagen física del corrupto pragmático y correoso, un revolucionario calvo, teñido y con tripa, el espejo roto donde se quebraron las canciones y los mejores sueños de una generación.

Manuel Vincent es escrito español

 

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Lágrimas de un Presidente

[ miércoles 25 de enero de 2012 | 1 comments ]

Por José Manuel Ortiz Benitez

El Caserío El Mozote sigue siendo un escenario complicado para muchos salvadoreños. Unos lo toman como un precio de guerra que hay que asumir y olvidar y otros lo toman como el peor exterminio de vidas humanas en la historia moderna latinoamericana que el pueblo salvadoreño nunca debe olvidar.

El cielo luce limpio y un zopilote solitario sobrevuela la ladera en busca de carne muerta. Allá en la lejanía, se vislumbra un grupito familiar que avanza por el sendero a paso de hormiga. La vegetación es espesa y en el fondo se escucha el canto de un gallo nauseabundo. No hay aire, solo hay calor, muchedumbre y mucha expectación.

Son las nueve de la mañana y la vida aquí en El Mozote hoy tiene un significado especial. Todos los accesos están custodiados por agentes de la PNC y efectivos especiales de la Fuerza Armada. Se ha improvisado un helipuerto de aterrizaje múltiple a 4 kilómetros de aquí, al otro lado de la montaña. La gente de estas comunidades espera que aquí hoy ocurra algo para la posteridad.

“Va a ser difícil llegar hasta arriba, hay que estacionar aquí y seguir a pata” me anuncia uno de los acompañantes.

La distancia a pata fue de apróximamente 3 kilómetros de empedrado, pavimento y polvareda, en la que nos encontramos mucho tráfico de gente humilde vestida de rojo, caminando cuesta arriba al lado de un desfile interminable de Landcruisers blindados del Estado salvadoreño y del cuerpo diplomático.

Pasamos por delante de la gente que hacía cola y nos saltamos el primer cacheo. Al llegar al segundo control, volvimos a hacer lo mismo. Al tercer control, fue imposible. Había que ser miembro del Gabinete, de la Asamblea Legislativa, del Parlamento Centroamericano, de la Corte Suprema de Justicia o tener un cargo de alto rango en el entramado institucional.

“Ustedes no pueden ingresar. Este espacio está reservado para invitados especiales y altos funcionarios del gobierno” nos soltó en la cara una señorita de Casa Presidencial, que estaba sofocando una auténtica avalancha humana.

“Él si puede pasar” dijo la señorita de traje oscuro.

Al acompañante de más altura institucional le sobresalía la cabeza entre el resto de los funcionarios, quienes disfrutaban tranquilamente de la sombra y del espacio reservado. A nosotros, no nos quedó de otra que aguantar la espesa condensación colectiva bajo el sol.

Durante 10 minutos, soportamos la presión humana sin poder avanzar hacia ningún lado, hasta que alguien nos rescató de la muchedumbre y de la cólera del sol. Dentro se respiraba otro ambiente, siempre bajo la tremenda expectación.

Desde la primera fila, pude observar que, a pesar de las invitaciones oficiales, no había presencia de ninguna figura de proyección nacional que no fuera del FMLN, de ONGs, o de embajadas y organismos “amigos” de los derechos humanos.

Hubo una ausencia generalizada de la otra parte de la población, de la clase históricamente más poderosa del país.

“Ellos tienen sus razones para no estar aquí hoy” me dice un joven de nacionalidad francesa. “Yo estoy aquí por invitación de un gobernador” continuó el muchacho de Lyon.

“Lo acontecido aquí, hace más de 30 años, fue una medida de diseño de alta precisión” razona François, con un tono parisino muy abultado.

“Ahí se instalaron con sendas metralletas” me sopla en la oreja un lugareño de la comunidad, sentado detrás del francés.

Al contrario que François, don Porfirio tiene el rostro curtido, la mirada gacha, parece un hombre infeliz.

Don Porfirio dice que se siente perseguido por muchos fantasmas, entre ellos el recuerdo, pero que quiere perdonar. El problema, dice él, es que no sabe a quién.

“Hasta la Navidad de 1981, nunca antes el Estado salvadoreño había invertido tantos recursos en la zona de El Mozote como en la exterminación de sus propios pobladores” llora don Porfirio, debajo de su sombrero de paja.

Aquella mañana de 1981, el General Domingo Monterrosa Barrios –un tipo de maneras exactas, extremadamente táctico, un gran patriota salvadoreño– optó por defender los ideales de su patria, sin importarle el precio ni las consecuencias. “Los mato a todos”, resume don Porfirio viendo el altar de las víctimas.

La orden fue sencilla como le gustaba al General. El 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 se llevó acabo en este caserío y sus comunidades colindantes una operación militar de alto nivel bautizada como Tierra Arrasada.

En Tierra Arrasada no había blancos militares. Únicamente hubo exterminación de personas pobres, desnutridas y desalmadas.

Es un hecho objetivo, una realidad dolorosa que nos conmueve e igualmente nos separa. Así somos de desgraciados los salvadoreños.

Entramos a las 11: 30, la comunidad y los invitados están a la expectativa, doña Maria Dorila Marques, representante de la víctimas, sigue inmersa en un mar de lágrimas, en lo alto, el zopilote sigue en busca de su porción diaria de carroña, CNN Internacional continúa con la señal en vivo y en directo para todo el planeta, el Presidente de la República alarga la pausa.

“Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño, pido perdón a las familias de las víctimas”, exclamó el presidente Funes roto en lágrimas, en el centro de la plaza del caserío de El Mozote, al lado de los nombres grabados en bronce de todos los masacrados, a las 11:32 de la mañana el día de 16 de enero de 2012, día en que se celebró el XX Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz firmado entre el gobierno y la guerrilla salvadoreña.

Con toda la valentía institucional, el Presidente de la República vino aquí a llorar genuinamente ante la tumba de las víctimas y 24 horas después, las consignas “Lágrimas de Cocodrilo” y “Un Oscar para el Presidente” circulaban en toda la red.

¡Hay que joderse!

Otros artículos de este autor Aquí – Jose Manuel Ortiz Benitez es columnista salvadoreño

 

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El Salvador: Renewed concerns about militarization of public security as President Funes announces more changes

[ martes 24 de enero de 2012 | 0 comments ]
















Linda Garrett

January 24, 2012



Para nuestros lectores que no lean inglés – toda información será traducida e incluida en el Informe Mensual del mes de enero, que será mandado la semana entrante.



The theme in El Salvador shifted quickly from mourning to the subject of militarization, from the victims of a massacre to bewildering personnel moves.



Just one week after President Funes publicly held the Atlacatl Battalion of the Armed Forces responsible for the 1981 El Mozote massacre, and ordered an end to the eulogizing of officers in charge of that operation, he named General Francisco Ramón Salinas Rivera as director of the National Civil Police (PNC), replacing Carlos Ascencio.



General Salinas headed the “Zeus Squadron,” the army unit established to coordinate public security operations with the PNC in 2010. He served as General Commander of the High Command of the Armed Forces, then Vice-Minister of Defense.



This appointment follows the November firing of Manuel Melgar as Minister of Justice and Security, replaced by General David Munguía Payés. Since November, Payés has fired the director of the office of intelligence (OIE) Eduardo Linares and named civilian economist Ricardo Perdomo director - with a military officer, Colonel Simón Molina Montoya, as assistant director.



General Salinas officially retired from the military just hours before his appointment was announced; General Munguía Payés retired in June 2011but maintained his post as Minister of Defense until November 22nd.



The Minister of Strategic Affairs, Hato Hasbún of the FMLN, was removed from his position as coordinator of the Security Cabinet in November, with Minister of Security Munguía Payés assuming that role. And last week, the Director of Immigration was fired..



The Inspector General of the National Civil Police, Zaira Navas reportedly resigned yesterday following the announcement. According to reports, she tendered her resignation in November after Manuel Melgar was fired, but had been convinced to stay. For over two years Navas has courageously investigated corruption and organized crime within the institution.



There are rumors of other possible resignations, including Vice-Minister of Justice, Henry Campos.



Ombudsman for Human Rights, Oscar Luna expressed dismay at the announcement of the new director of the National Civil Police as a violation of the Peace Accords and the Constitution: “It could be that he [Salinas] retired today but in his essence and formation he is a military man and his formation was with the military.”



President Funes defended his decision to appoint Salinas, saying the new PNC director “has played an outstanding role, known by the members of the Security Cabinet.” The appointment responds to a “new strategy of prevention and repression of crime,” he said, “and the need to strengthen coordination between different institutions.”



According to Salinas, there will be no changes in PNC assistant commanders, but the appointment has left many “nervous and disconcerted” about the new direction of the institution and its significance and implications.



In total, these changes signify a complete removal of the FMLN from high-level public security and intelligence positions. It remains to be seen how the party will respond, just as the electoral campaign for control of the legislature and municipalities is getting underway. One FMLN security analyst suggested the changes are the result of U.S. security strategy for the Northern Triangle and pressure on President Funes. “There will be political consequences,” Óscar Fernández warned, for the relationship between the FMLN and the president.



And in another announcement on January 23rd the president ordered retired Colonel Sigfrido Ochoa Pérez to return to active duty, apparently without consultation, and named him to a position with the Border Commission. Ochoa Pérez, currently a candidate for deputy with the ARENA party, was a close friend of Lt. Col. Domingo Monterrosa, commander of the 1981 Atlacatl Battalion operation in El Mozote and has been fiercely critical of the president’s speech on January 16th, saying he is “ready to defend the country.” Returning him to active duty means he is now subordinate to the General Commander of the Armed Forces, President Funes.



The retired colonel said he was not consulted and would refuse the order which he called “dictatorial.” He has 72 hours to report to duty, according to the Minister of Justice and Security, or he could face military justice on charges of disobedience.



Ochoa Pérez was in command during scorched earth operations in Cabañas in the 1980’s including the Piedras Coloradas massacre on March 17, 1981 when hundreds of civilians from Santa Marta and Cinquera were killed fleeing military operations and attempting to cross the Rio Lempa into Honduras. He retired from the military 24 years ago. Most recently he served as ambassador to Honduras but was recalled by President Funes in November 2009 after receiving a decoration from coup leader Roberto Micheletti for his service.

 

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VERDADERAMENTE NO HAY VOLUNTAD

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Da tristeza ver cómo juegan con nosotros, cómo es posible que a estas alturas el gobierno mande a hacer encuestas (estudios) para determinar la viabilidad técnica, jurídica, tecnológica y no sé qué otras cosas más, de que los salvadoreños en el exterior podamos ejercer el derecho al voto.

En el periodo de campana electoral y en su discurso de mitad de periodo, el voto en el exterior ha sido una promesa AUN NO CUMPLIDA y por los vientos que soplan NO SE CUMPLIRA, pero al menos dejara un estudio en camino que determinara si el voto en el exterior tiene viabilidad técnica, jurídica y tecnológica. O ya se le olvido señor presidente?.

Será que acaso no hay verdadera voluntad política para que la diáspora tenga acceso al voto ? . La estrategia surge desde el momento en que se cancela la emisión del DUI en los cuatro centros habilitados en los EE.UU, bajo el argumento de que este sería emitido por una nueva empresa. Sin embargo en el proceso de licitación no se incluyo la emisión en el exterior, por lo cual habría que hacer una nueva licitación, la cual supuestamente estaba en estudio para que las unidades especializadas del Ministerio de Hacienda y del CRPN determinaran su viabilidad técnico-jurídica. Hoy por hoy surge lo que ya se veía venir. Nos quedamos sin DUI y con un estudio (encuesta) en proceso que para finales del 2014 podrá empezar a ilustrar si el voto en el exterior es viable.

En síntesis, No hay voluntad real del gobierno y sectores políticos de permitirle a la diáspora votar. Mientras tanto seguiremos siendo un pilar fundamental de la economía de El Salvador sin voz y voto que sea compatible con lo que REPRESENTAMOS (35% del PIB y 1/3 de la población total).

Lo que se requiere y necesita es más que todo VOLUNTAD, la cual países de nuestra área y del continente tuvieron para brindarle a sus diásporas el derecho a ejercer el voto en su lugar de residencia, logrando así una completa integración de estas diásporas en todos los ámbitos del quehacer nacional.

Qué tenemos que hacer para que de una vez por todas, las promesas se cumplan? , y la diáspora tenga por fin voz y voto para poder influir en el que hacer de nuestro querido país,

Como dije anteriormente solo se requiere de voluntad.

José Jovel

Director General de FUSA

 

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La Sopa contra la Red

[ sábado 21 de enero de 2012 | 0 comments ]

El conocimiento en la Red, en peligro
Por Timothy Garton Ash*

El proyecto de ley francés que pretende penalizar la negación del genocidio armenio y las iniciativas legislativas contra la piratería en Internet de Estados Unidos amenazan la libertad de expresión en el mundo

El lunes 23 de enero, el Senado francés votará un proyecto de ley que pretende penalizar la negación del genocidio armenio de 1915, además de otros sucesos caracterizados como genocidio en las leyes francesas. La ley ya ha superado la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento francés. El Senado debería rechazarla, en nombre de la libertad de expresión, la libertad de investigación histórica y el artículo 11 de la pionera declaración francesa de los derechos del hombre y el ciudadano proclamada en 1789 ("la libre comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados...").

La cuestión aquí no es si las atrocidades cometidas contra los armenios en los últimos años del Imperio Otomano fueron terribles, ni si deben ser reconocidas en la memoria turca y europea. Lo fueron y deben serlo. La cuestión es: ¿debe ser un delito, en virtud de la ley francesa o de otros países, poner en duda que aquellos terribles acontecimientos constituyan genocidio, un término utilizado en el derecho internacional? En el pasado, sin quitar importancia al sufrimiento de los armenios, el famoso especialista en el Imperio Otomano Bernard Lewis ha refutado precisamente ese punto. ¿Y está preparado y autorizado el Parlamento francés para erigirse en tribunal de la historia mundial y dictar veredictos sobre el comportamiento pasado de otros países? La respuesta es: no y no.

Para complicarlo más, la ley penalizaría no solo la "negación" del genocidio armenio, sino su "minimización escandalosa". Como destaca Françoise Chandernagor, de la campaña Libertad para la historia, ese matiz introduce un concepto vago incluso para lo normal en las leyes de la memoria. Si los cálculos turcos de la cifra de armenios fallecidos son de unos 500.000 y los armenios de alrededor de 1,5 millones, ¿qué sería minimización? ¿547.000? ¿Y habría que detener al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, por esa "minimización" en su próxima visita oficial a Francia? (El proyecto de ley prevé una multa de 45.000 euros y un año de prisión).

Si tenemos una opinión benévola de la naturaleza humana en general, y de la política francesa en particular, podríamos decir que se trata de un torpe intento de hacer realidad un noble propósito. Pero eso sería una ingenuidad. Existe una correlación llamativa entre la aparición de estas propuestas en el Parlamento francés y la proximidad de las elecciones nacionales, en las que aproximadamente medio millón de votantes de origen armenio desempeñan un papel importante. Las leyes francesas reconocieron oficialmente que lo que les sucedió a los armenios era un genocidio en diciembre de 2001, justo antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. En la Cámara baja se aprobó (la Cámara alta lo rechazó) un proyecto de ley similar al actual en 2006, en vísperas de las elecciones de 2007. ¿Y qué va a haber este año? Elecciones.

No todos los dirigentes del partido de Nicolas Sarkozy, la UMP, han apoyado el proyecto de ley propuesto por uno de sus propios parlamentarios. El ministro de Exteriores, Alain Juppé, se opone. Pero eso es porque le preocupan las repercusiones en las relaciones de Francia con Turquía. La reacción del Gobierno turco ha sido vehemente, como era de esperar. Retiró a su embajador como protesta, y el primer ministro Erdogan dijo que "aproximadamente el 15% de la población de Argelia sufrió una matanza a manos de los franceses a partir de 1945. Eso es genocidio".

Es decir, una tragedia que debería ser materia de una conmemoración seria y un debate histórico en libertad, en el que se presentaran incluso las hipótesis más extrañas para confrontarlas con las pruebas existentes, queda reducida a un instrumento de manipulación política, las palabras hirientes de un político. El recuento de cadáveres de ayer interviene en el recuento de votos de mañana. Si tú me acusas de genocidio, yo te acuso también a ti.

Mientras tanto, los intelectuales turcos que -como el escritor y premio Nobel Orhan Pamuk- se han atrevido a decir que lo que hicieron con los armenios fue genocidio, corren peligro de ser procesados en su país. Lo que es una verdad oficial en Francia es una mentira oficial en Turquía.

Pero estos son actos simbólicos, más que reales. En un país como Francia, y, con muchas más dificultades, en Turquía, Internet permite a la gente encontrar esas opiniones prohibidas de todas formas. Basta con apretar un par de veces el ratón.

En realidad, este no es más que el último ejemplo de un problema mucho más amplio. ¿Qué límites debe tener la libertad de expresión en la era de Internet? ¿Qué normas deben regirla en un mundo interconectado? ¿Y quién debe fijarlas? Estas son algunas de las preguntas que se abordan en un proyecto denominado Debate sobre la Libertad de Expresión, Free Speech Debate (www.freespeechdebate.com), que acabamos de poner en marcha en la Universidad de Oxford. Entre los 10 borradores de principios que proponemos para debate, crítica y revisión, hay uno que tiene especialmente que ver con la controversia del genocidio armenio. Es el que dice que "no permitimos tabúes en la discusión y la difusión del conocimiento".

Es evidente que las leyes de la memoria como la que se ha propuesto en Francia no superan esta prueba; pero no son el único caso. En Reino Unido, el escritor científico Simon Singh tuvo que defenderse en una prolongada querella por libelo a propósito de sus críticas de lo que afirmaban los impulsores de los tratamientos quiroprácticos. La Iglesia de la Cienciología utiliza sus derechos de propiedad sobre las inmortales palabras de L. Ron Hubbard para impedir que la gente vea los supremos secretos del Thetan (si les interesa, busquen en Internet Operation Clambake). El miércoles 18 de enero, la versión en inglés de Wikipedia permaneció en negro durante 24 horas para protestar contra el proyecto de ley contra la piratería en Estados Unidos, SOPA, que, en la versión que está ahora en el Congreso tendría unas cosecuencias desastrosas para la libre difusión del conocimiento en Internet.

Existen otros casos mucho más difíciles. A finales del año pasado, el Consejo Asesor Nacional de Ciencia y Bioseguridad de Estados Unidos pidió a las revistas Science y Nature que no publicaran los detalles de un estudio sobre una forma fácilmente transmisible del virus H5N1, el de la gripe aviar, por temor a que los bioterroristas pudieran hacer uso de él.

¿Y qué decir de los que niegan las causas del sida? Cuando el presidente sudafricano Thabo Mbeki habló en apoyo de esa postura, el resultado bastante directo fue la muerte de cientos de miles de personas que, en caso contrario, habrían podido recibir el tratamiento debido. Es complicado sostener el principio de "no permitir tabúes" ante casos tan delicados.

Ahora bien, el oportunista y mal concebido proyecto de ley de Francia no tiene nada de caso delicado. Aquí, la cosa está clara. El Senado francés debe dar ejemplo al Congreso de Estados Unidos en la defensa de la libertad intelectual.

(Vean a Jimmy Wales, de Wikipedia, en conversación con Timothy Garton Ash en www.freespeechdebate.com).

Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, investigador titular en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Su último libro es Los hechos son subversivos: ideas y personajes para una década sin nombre. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

 

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EL Mozote: Perdón y Verdad

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Por David Hernández*

El solemne acto de El Mozote del pasado 16 de enero, en el cual el presidente de la República, en nombre de la nación, pidió perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos por unos mal llamados militares que se ensañaron con niños, mujeres y ancianos indefensos asesinándolos a sangre fría, es un parteaguas de la historia nacional que abre la posibilidad de cerrar heridas del pasado en aras de superar el trauma nacional de los conflictos fratricidas del siglo XX.

El año pasado el presidente pidió perdón a la nación por el etnocidio perpetrado por el régimen de facto del general Maximiliano Hernández Martínez a partir del 22 de enero de 1932, fundamentalmente contra la población indígena de los Izalcos, que se alzaron en una insurrección desesperada debido a que no tenían comida ni trabajo.

Hay un consenso en la sociedad salvadoreña para perdonar a los culpables; nuestro pueblo, posee ese don maravilloso de olvidar afrentas, tal como quedó patente en las declaraciones y los discursos de los familiares de las víctimas masacradas de El Mozote durante la ceremonia de desagravio.

Sin embargo, lo que claman los familiares de las víctimas así como la nación es la verdad sobre los sucesos luctuosos tanto durante el conflicto armado de 1980-1992 como durante el genocidio contra los Izalcos en 1932. De las experiencias internacionales en esta galería del horror sabemos, por ejemplo, que en Alemania tuvo que llevarse a cabo un profundo proceso de desnazificación y de esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis en nombre de una raza superior para que en dicho país volviera a reinar no solo la paz social sino también la democracia y junto con ello, el progreso y la prosperidad.

Tanto en Argentina como en Chile, países que también sufrieron la barbarie de dictaduras militares, el tema de los asesinatos de lesa humanidad, que nunca prescriben, sigue vigente, y los asesinos de ayer continúan recibiendo condenas de prisión a medida que se van esclareciendo los delitos cometidos en nombre de una falsa defensa de la democracia y la libertad.

En El Salvador es paradigmático el caso de la familia Dalton, que ya perdonó a los asesinos materiales del poeta Roque Dalton García, los ciudadanos Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, así como al autor intelectual de dicho asesinato, el ciudadano Edgar Alejandro Rivas Mira. Lo único que piden es la verdad de los hechos y que devuelvan los restos mortales de su esposo, padre y abuelo.

En todos estos casos, negarse a reconocer la verdad es sinónimo de culpabilidad y prueba de que esos mismos sentimientos de odio, venganza y sed de sangre inocente siguen latentes. La genuflexión del canciller Willi Brandt en 1970 ante el Guetto de Varsovia pidiendo perdón en nombre de la Alemania nazi por los crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial es un ejemplo de humanidad y arrepentimiento. Postrados ante la historia y la justicia, los asesinos de ayer deben pedir perdón a los ofendidos y aclarar esos hechos por horrendos que sean. En la medida del esclarecimiento de estos crímenes estará la medida de su superación. Quienes no lo hagan están condenados a un merecido lugar en la historia universal de la infamia.

David Hernández es escritor salvadoreño

 

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20th Anniversary of the Peace Accords in El Salvador

[ lunes 16 de enero de 2012 | 0 comments ]


I'd like to introduce you all to Christine J. Wade. Christine is an Associate Professor of Political Science and International Studies at Washington College as well as a good friend. Among other publications, Christine is a co-author of Understanding Central America: Global Forces, Rebellion and Change (Westview Press, 2009) and Nicaragua: Living in the Shadow of the Eagle (Westview Press, 2011).

Here's her post on El Salvador: Not what it was, but not what it might have been.

Twenty years ago today, the Salvadoran government and the FMLN signed the peace accords that ended the nearly 12-year civil war. While in retrospect it is easy to criticize the various shortcomings of the accords, it is also important to note the significant changes that took place because of them: the restructuring of the military, the creation of the new police force (PNC), the creation of the new electoral tribunal (TSE), judicial reforms, land transfers, and the legalization of the FMLN as a political party. However imperfect in their implementation, these reforms dramatically reshaped Salvadoran politics and society. It is also important to note that the ceasefire has never been broken- a rather spectacular feat given the number of peace accords that fail within their first five years. As late as 1991, many academics and policymakers doubted that a negotiated resolution to the conflict could be reached. That the peace has held this long is a testament to both parties.

Unfortunately, the quality of El Salvador’s peace has been compromised throughout the past two decades. There were serious problems with the implementation of key elements of the accords— too many to discuss in detail here. The Cristiani administration’s refusal to acknowledge, much less implement, the findings of the Truth and Reconciliation Commission thoroughly undermined societal reconciliation. Only under the Funes administration has there been any meaningful acknowledgment of the grievous crimes committed by the state during the war. Impunity is rampant. The accords did nothing to alleviate the economic injustices that have long plagued the country. Over the past two decades, more Salvadorans have fled the country in search of work and better opportunities than did during the war. Finally, post-accord El Salvador has been plagued by a seemingly unending crime wave that threatens not only Salvadoran citizens, but the very spirit of the accords. The violence is so consuming that some Salvadorans refer to the past 20 years as “not war,” finding it impossible to reconcile such violence with “peace.” Limitations on political participation, such as the anti-terror law, and the joint patrols between the police and army undermine some of the most basic principles of the accords.

So how are we to evaluate the last 20 years of peace in El Salvador? There is no doubt that El Salvador is a country transformed in many ways. One need only look at the executive office to see that. There is also no doubt that the quality of peace has disappointed many, myself included. In sum, it’s not what it was, but not what it might have been.

As much as this anniversary offers us an opportunity to reflect on the past two decades, it also offers an opportunity to look forward- forward to the possibilities of peace in a new era. There is much work to be done— none of it easy. Transforming “not war” into “peace” will require resolve, creativity, acumen, and political agility. Getting to peace also requires a re-commitment to the spirit and letter of the framework established at Chapultepec 20 years ago. What better day than today to begin again?